Minjusticia(e), Andrés Idárraga denuncia espionaje con Pegasus y reabre polémica por el uso del software en Colombia

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, denunció que su teléfono móvil fue infectado con el software espía Pegasus, una herramienta de vigilancia digital de alta sofisticación desarrollada por la empresa israelí NSO Group, y que habría sido utilizado para interceptar sus comunicaciones sin autorización entre agosto y noviembre de 2025.

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Un informe forense técnico al dispositivo móvil reveló que la infiltración habría generado la extracción de 2,3 GB de datos privados, con más de 8.700 acciones remotas, incluyendo activaciones ilegales de cámara y micrófono y accesos a mensajes y contactos.

De acuerdo con Idárraga, la orden para interceptar su teléfono con Pegasus provendría del Ministerio de Defensa, presuntamente utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Ejército Nacional para obstaculizar sus investigaciones sobre posibles casos de corrupción dentro de las Fuerzas Militares.

El propio ministro ha señalado que esta supuesta intervención también habría afectado a miembros de su familia, y que los datos extraídos incluían información sensible, lo cual, según él, representa una grave violación de derechos fundamentales y una campaña de desprestigio en su contra por sus funciones públicas.

El informe del caso ya fue entregado tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un intento por abrir investigaciones formales sobre el espionaje y establecer responsabilidades jurídicas a nivel nacional e internacional.

En respuesta a estas acusaciones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha rechazado categóricamente que su cartera o las Fuerzas Militares hayan ordenado o ejecutado el espionaje con Pegasus, afirmando que la herramienta no está en uso en la actualidad y que las denuncias se basan en “información falsa”.

Sánchez también ha señalado que Pegasus habría estado presente en Colombia entre 2021 y 2022, pero que desde entonces el software ya no se utiliza, y que cualquier empleo de este tipo de tecnología requeriría una orden judicial explícita para ser legal.

El caso se produce en medio de un creciente debate nacional sobre el uso de Pegasus en Colombia, cuyo uso fue objeto de controversia tras investigaciones que indicaron que el país adquirió la licencia del software en 2021, con financiamiento de Estados Unidos, con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico y otras amenazas de seguridad.

El presidente Gustavo Petro ha promovido investigaciones sobre la adquisición y eventual uso de Pegasus en Colombia, sugiriendo en múltiples ocasiones que la herramienta fue comprada sin el conocimiento pleno del presidente en funciones en ese momento y que debe esclarecerse el destino y el uso de esos recursos.

La presencia de Pegasus en Colombia ha sido motivo de escrutinio incluso por parte de la Fiscalía y organismos externos, que han señalado indicios del uso de la herramienta y han advertido sobre la necesidad de investigar si se ha utilizado para fines distintos a los legales de lucha contra el crimen.

Además de la situación de Idárraga, la discusión pública sobre Pegasus también ha cobrado relevancia debido a denuncias de otros actores políticos que afirman haber sido víctimas de interceptaciones ilegales, lo que alimenta el debate sobre control democrático, derechos digitales y la legalidad del empleo de tecnologías de vigilancia estatal.

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La denuncia del ministro de Justicia encargado ha generado un grave debate en Colombia sobre espionaje ilegal dentro del Estado, reavivando cuestionamientos sobre la transparencia de las herramientas de inteligencia, la protección de derechos humanos y la necesidad de investigación judicial independiente.