Muelle 13 de Buenaventura volvió a manos del estado

El Fondo Rotatorio de la Armada Nacional, titular del contrato de homologación y administrador del predio, firmó en 1997 un contrato de arrendamiento con un grupo portuario. Este acuerdo estuvo vigente por 27 años y concluyó el 6 de enero de 2025. Sin embargo, no correspondía a una concesión reglada conforme a las normas vigentes. Actualmente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) es el titular de esta infraestructura, lo que otorga al Gobierno la facultad de definir el uso futuro del muelle.

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Desde hace un año, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) identificó alertas ambientales sobre el Muelle 13. En este Consejo, donde participan entidades como el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente, se evidenciaron presuntas irregularidades, determinando la necesidad de una licencia ambiental en lugar de un plan de manejo ambiental.

Una auditoría de la Contraloría General en 2023 reveló irregularidades en la infraestructura, en la administración del contrato y en la inversión en mantenimiento. Estos hallazgos, junto con el análisis ambiental, fundamentan la decisión del Gobierno de revertir el Muelle 13 para garantizar su uso adecuado y su recuperación en beneficio del desarrollo industrial.

“Hoy en nuestros puertos tenemos una capacidad instalada de 400 millones de toneladas, pero solo usamos 180 millones. En Buenaventura, la capacidad instalada es de 48 millones de toneladas, pero solo se usan 20 millones, lo que muestra la necesidad de modernizar el puerto”, explicó la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro.

El Gobierno nacional, a través del Plan de Desarrollo 2022-2026 y el CONPES 4118, estableció medidas para la modernización portuaria y la reindustrialización naviera. En este caso, el potencial del Pacífico impulsa el desarrollo de la industria pesquera como prioridad estratégica.

Existen además políticas públicas orientadas a la descarbonización económica. El puerto manejaba carbón térmico, pero ahora el Gobierno busca aprovechar la infraestructura portuaria para industrias sostenibles, cumpliendo con las metas gubernamentales.

En la rueda de prensa participaron la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López; el director de la ANI, Francisco Ospina Ramírez y el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño, Segundo Comandante de la Armada Nacional.

Se explicó que el Juzgado 2 del Valle del Cauca dictó medidas cautelares y suspendió el instrumento ambiental para la prórroga del Muelle 13. A su vez, se revisaron los actos administrativos de la ANI relacionados con el muelle.

Según la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, la empresa debía contar con una licencia ambiental, dada la magnitud del calado y el volumen de operaciones. Por ello, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mantendrá la suspensión temporal.

“Aquí hay un descontrol ambiental, una violación de derechos en Buenaventura y una situación irregular. Con ANLA, responderemos las denuncias penales y disciplinarias sobre la falta de control ambiental”, afirmó Muhamad. También solicitó al Procurador General, Gregorio Eljach, que revise el papel de su delegado ambiental en este caso.

“No entiendo cómo, con las evidencias técnicas y jurídicas, el Procurador Delegado no apoya la actuación de las autoridades ambientales, sino que favorece al operador portuario. La Procuraduría debe prevenir riesgos ambientales”, subrayó Muhamad.

Sobre el impacto en el empleo, el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, afirmó que no se perderán puestos de trabajo. Explicó que el Muelle 13 es uno de 15 muelles activos, capaces de absorber la demanda laboral.

“Para descargar un buque, se requieren 40 o 50 trabajadores, cada tres días. No son empleados de planta, sino contratados a destajo. Además, estos trabajadores rotan entre los 15 muelles existentes, según la carga que llegue”, explicó López.

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Finalmente, López enfatizó que la estabilidad laboral en los muelles de Buenaventura corresponde al personal administrativo. “No es cierto que se perderán 500 o 600 empleos. La dinámica portuaria requiere trabajadores rotativos, que seguirán operando en los muelles disponibles”, concluyó.