El Gobierno nacional giró 750 millones de pesos para fortalecer los mecanismos locales de acceso a la justicia en los municipios priorizados de Nóvita, Condoto, Istmina, Tadó, Carmen del Darién, Bahía Solano y Quibdó
martes, 7 de octubre de 2025
El Gobierno nacional giró 750 millones de pesos para fortalecer los mecanismos locales de acceso a la justicia en los municipios priorizados de Nóvita, Condoto, Istmina, Tadó, Carmen del Darién, Bahía Solano y Quibdó
El proyecto se protocolizó con la firma de dos convenios interadministrativos entre el ministerio de Justicia, la Gobernación del Chocó y la alcaldía de Quibdó, lo cual permite introducir proyectos de conciliación, mediación y presencia institucional en los territorios.
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El primer convenio está suscrito por 236 millones 892 mil pesos, el Gobierno aporta más de 203 millones mientras que la Gobernación contribuye con contrapartidas en especie.
El segundo convenio, firmado con la Alcaldía de Quibdó, destina 561 millones 67 mil pesos para el mantenimiento y sostenibilidad de la Casa de Justicia del municipio, infraestructura fundamental para acercar los servicios del Estado a la ciudadanía.
En este caso MinJusticia aporta 513 millones de pesos, mientras que la administración municipal participa con 48 millones en especie.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, señaló que este respaldo del Gobierno nacional representa un paso trascendental para el departamento: “con estos convenios avanzamos en la construcción de un Chocó más justo y en paz, donde el acceso a los derechos deje de ser una promesa y se convierta en una realidad para nuestra gente».
Los métodos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación y la mediación, han demostrado ser herramientas efectivas para prevenir violencias y fortalecer el tejido social.
Con este esfuerzo conjunto se garantiza que más chocoanos puedan resolver sus conflictos pacíficamente y mediante el diálogo, con el debido acompañamiento institucional y comunitario.
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La administración del presidente Petro reafirma así su compromiso de trabajar en articulación con las entidades territoriales, impulsando programas y proyectos que garanticen una justicia cercana, incluyente y transformadora para las comunidades del Pacífico colombiano.