El Gobierno nacional creó el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+ mediante el Decreto 1311 de 2025, una apuesta del Ministerio de Igualdad para articular políticas, prevenir violencias y avanzar hacia una igualdad real en todo el país.
La lucha por garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, entre otras identidades y orientaciones sexuales diversas, recibió un respaldo directo del Gobierno nacional con la creación del Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTlQ+, mediante la firma del Decreto 1311 de 2025.
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Según el ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva: “Reconocemos la riqueza de las diversidades humanas, las luchas que han sostenido por décadas y la urgencia de garantizar sus derechos sin excepciones. Este decreto es un compromiso firme con la igualdad real y con la dignidad de cada persona en Colombia”. Añadió que esto marca un hito en la protección y garantía de los derechos de esta población cuando busca convertir la igualdad en realidad.
El Decreto organiza un Sistema que trabaja de manera articulada en los niveles nacional, territorial y comunitario, con metas claras para asegurar el goce efectivo de derechos, prevenir las violencias y atender con pertinencia las necesidades de una población diversa que durante mucho tiempo ha sido invisibilizada. La apuesta es contundente: tejer puentes entre Estado y ciudadanía con base en los principios de igualdad, solidaridad, reconocimiento de la diversidad y dignidad humana.
Con este modelo de gobernanza se les da impulso a las entidades que adelantan acciones orientadas a permitir una Colombia igualitaria, diversa y libre de discriminación, donde la diversidad sea motor de cambio y no de exclusión. Así, el ministerio de Igualdad y Equidad, como líder de la política social dirigida a esta población, coordinará la coordinación de esfuerzos hacia este fin.
Para lograrlo, el Sistema Nacional LGBTIQ+ contará con herramientas clave. La Comisión Intersectorial y el Comité Técnico tendrán a su cargo la coordinación y el monitoreo de políticas públicas, rutas de atención y acciones afirmativas. A esto se suma el Observatorio de Derechos de la Población LGBTIQ+, diseñado para identificar, sistematizar y analizar información estratégica. Con datos confiables y lectura territorial, el Estado podrá orientar recursos y decisiones donde más se necesitan.
El decreto incorpora enfoques transversales que hablan de una política moderna y sensible, derechos, territorialidad, diferencialidad, género, interseccionalidad, étnico‑racial, justicia ambiental y curso de vida. En otras palabras, reconoce que la igualdad no es uniforme; es justa cuando entiende contextos, historias y realidades que cambian entre regiones, edades, identidades y condiciones sociales.
En el corazón de esta apuesta pervive un sustento existencial: nadie tenga que elegir entre su identidad y su seguridad, entre su orientación y sus oportunidades.
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Según comunicado del MinIgualdad, “ciudadanía, organizaciones sociales, academia y sector privado están llamados a sumar. Promover una cultura de respeto y reconocimiento de la diversidad no es solo un mandato legal; es una tarea de país, una ruta hacia el desarrollo y la paz social. Porque la igualdad, cuando se vuelve práctica y se mide en vidas más seguras y dignas, es la mejor noticia”.