El 24 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras tras un proceso marcado por retrasos, denuncias de irregularidades y una fuerte polarización política, en el que pesó de manera decisiva el respaldo del expresidente estadounidense Donald Trump
El 24 de diciembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras proclamó oficialmente a Nasry Asfura como presidente electo, tras las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre. Asfura, del conservador Partido Nacional, obtuvo aproximadamente el 40,3% de los votos, superando por un margen estrecho a su principal rival, Salvador Nasralla, del Partido Liberal.
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La proclamación se produjo más de tres semanas después de la jornada electoral, debido a retrasos técnicos en el escrutinio, problemas con el sistema de transmisión de resultados y la revisión manual de actas que había quedado pendiente. Este retraso generó incertidumbre política y tensión social en el país centroamericano.
Durante la campaña, Asfura recibió un respaldo directo del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien lo calificó como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” e instó a los votantes a apoyarlo. Trump también condicionó la ayuda financiera estadounidense al país en función de la victoria de Asfura.
Parte de la controversia se centró en la revisión de miles de actas debido a inconsistencias en el conteo electrónico inicial. El CNE decidió realizar un recuento manual de aproximadamente 2 792 mesas de votación, un proceso que retrasó la finalización de los resultados oficiales y aumentó la incertidumbre política.
El candidato Salvador Nasralla y la candidata del partido LIBRE, Rixi Moncada, denunciaron irregularidades en el conteo y exigieron una revisión más amplia o incluso la anulación de la elección. Nasralla acusó a Asfura de estar “bloqueando la voluntad popular” y pidió que Trump reconsiderara su apoyo.
Líderes de la izquierda, incluida la presidenta saliente Xiomara Castro, criticaron duramente el proceso, calificándolo de “interferencia electoral” y, en algunos casos, de un intento de golpe de Estado democrático. Estas acusaciones respondían tanto a la demora en el escrutinio como al papel del respaldo estadounidense.
La administración Trump fue enfática en pedir que se aceptaran los resultados para asegurar una transición pacífica y enfatizó su voluntad de cooperar con la futura administración hondureña en temas como seguridad, migración y fortalecimiento económico bilateral.
El respaldo de Trump incluyó amenazas explícitas de cortar ayuda financiera si Asfura no ganaba. Esta presión fue vista como un factor significativo de la política internacional en un país con una fuerte dependencia de remesas y ayuda externa, lo que aumentó la percepción de injerencia extranjera en la campaña.
Tras ser declarado presidente electo, Asfura agradeció a las autoridades electorales por completar el proceso y aseguró estar “preparado para gobernar”, prometiendo políticas pragmáticas orientadas al desarrollo y la seguridad pública en Honduras.
A pesar de la proclamación oficial, el resultado dejó un país dividido, con protestas y demandas de una parte significativa de la población que insiste en que no se realizaron todos los conteos de forma transparente o completa.
Organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y misiones de observación electoral expresaron preocupación por los retrasos y las denuncias de inseguridad en el proceso, pero enfatizaron la importancia de respetar el estado de derecho y los resultados dados por las autoridades electorales.
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La victoria de Asfura se enmarca en un contexto regional de reconfiguración hacia gobiernos conservadores en América Latina, lo que podría influir en la política exterior de Honduras, incluidas sus relaciones con Washington y otras potencias globales en temas de comercio, seguridad y migración.