Gobierno nacional pide a Nicaragua, la extradición de Carlos Ramón González

Este 17 de agosto de 2025, Colombia presentó formalmente una solicitud de extradición ante Nicaragua para el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, acusado de liderar un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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González, cercano al presidente Gustavo Petro y figura clave del Partido Verde, tiene una orden de captura emitida en julio por cohecho, peculado por apropiación y se está evaluando el delito de lavado de activos. Delitos relacionados al escándalo de la UNGRD.

El exfuncionario huyó del país en 2024 tras conocerse los cargos, y actualmente estaría residiendo en Nicaragua desde noviembre de ese año, según documentos revelados que incluyen una carta de la embajada colombiana para renovar su residencia legal. Según el periodista Daniel Coronell, González estuvo viviendo en la residencia del entonces embajador de Colombia en el país centroamericano, Leon Fredy Muñoz, desde septiembre del 2024 a febrero de 2025.

A través de su cuenta en X, el presidente Petro destacó que la solicitud de extradición se hizo “si es residente en ese país”, y subrayó que ni él ni la Cancillería autorizaron una solicitud de privilegios diplomáticos.

La misiva de la embajada, firmada por el encargado de negocios Óscar Iván Muñoz Giraldo —quien también solicitó la residencia para González— fue el mecanismo oficial con el que se tramitó la extradición ante las autoridades nicaragüenses.

El movimiento tiene un respaldo formal del Ministerio de Justicia, que también ha informado a la Fiscalía sobre el inicio del trámite conforme al tratado de extradición bilateral vigente desde 1929.

El pedido enfrenta obstáculos: Nicaragua no ha emitido una circular roja de Interpol, y la decisión final dependerá del dictamen del régimen de Daniel Ortega, en medio de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

Por su parte, Petro ha rechazado cualquier vínculo de protección hacia González, afirmando que “no protejo amigotes que se roban la plata” y que el caso representa un compromiso con la justicia y las instituciones.

A su turno, la Fiscalía agregó que González podría haber direccionado sobornos por más de 16.000 millones de pesos, destinados a congresistas como Iván Name y Andrés Calle, para asegurar apoyo al Gobierno, lo que evidencia la magnitud del escándalo.

El evidente respaldo diplomático previo en Nicaragua —incluyendo su residencia en la embajada y uso de una camioneta con placas diplomáticas— ha generado críticas y sospechas sobre un posible encubrimiento institucional.

González tiene una larga trayectoria política: exguerrillero del M-19, cofundador del Partido Verde, fue director del DAPRE (abril 2022–febrero 2024) y jefe de inteligencia (DNI) hasta mediados de 2024, lo que explica la cercanía política con Petro.

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La solicitud de extradición representa un giro significativo en el manejo del caso: busca aclarar responsabilidades políticas y judiciales, al tiempo que pone a prueba la capacidad diplomática de Colombia frente a Nicaragua en un contexto marcado por la integridad institucional y la lucha contra la corrupción.