Este decreto, que convoca a una consulta popular, ha generado una oleada de críticas y preocupaciones constitucionales desde varios sectores.
viernes, 13 de junio de 2025
Este decreto, que convoca a una consulta popular, ha generado una oleada de críticas y preocupaciones constitucionales desde varios sectores.
Ocho partidos políticos presentaron una demanda ante el Consejo de Estado para anular el decreto presidencial con el que Gustavo Petro convoca a una consulta popular. La medida, firmada por el mandatario y su gabinete, ha generado una fuerte polémica por presuntas violaciones a la Constitución.
Las colectividades que interpusieron la acción judicial son: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido de La U, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y Partido Liberal. Estas argumentan que el decreto es inconstitucional al no contar con el concepto previo y favorable del Senado, un requisito obligatorio según la legislación colombiana.
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Los demandantes afirman que el decreto fue emitido a pesar de que la consulta popular ya había sido rechazada en votación por la Cámara Alta. Según ellos, este acto representa una extralimitación de funciones por parte del presidente Petro y atenta contra la separación de poderes que sustenta el orden democrático del país.
En un comunicado conjunto, los partidos calificaron la acción del Ejecutivo como una «grave ruptura del Estado de Derecho» y pidieron medidas cautelares urgentes para suspender provisionalmente el decreto. El objetivo, señalaron, es evitar daños al presupuesto nacional y proteger la estabilidad institucional.
Además, anunciaron que llevarán el caso ante otras instancias como la Comisión de Acusación y la Fiscalía General, en su compromiso por defender la democracia y el respeto a la Constitución.
El presidente Petro firmó el Decreto 639 de 2025 este miércoles, cumpliendo su promesa de convocar por decreto una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre su reforma laboral, previamente archivada por la Comisión Séptima del Senado.
La fecha escogida para la consulta popular, el 7 de agosto de 2025, coincide con el tercer aniversario de su llegada al poder. Sin embargo, varios expertos han advertido que esta iniciativa no tiene sustento legal, ya que el Ejecutivo no puede legislar sobre competencias exclusivas del Congreso.
La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, fue una de las voces que se pronunció con mayor contundencia. En una entrevista, explicó que la demanda no responde a una agenda de oposición sino a la necesidad de proteger el orden constitucional.
«Esto no es un ejercicio de oposición, es un ejercicio de defensa de la institucionalidad colombiana. Aquí lo que está en juego es el respeto a la democracia«, aseguró.
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Valencia criticó que el presidente haya decidido ignorar la decisión del Senado y recurrido de forma indebida a la figura de la excepción de inconstitucionalidad. A su juicio, este acto no solo constituye una extralimitación de funciones, sino también un posible prevaricato por parte de todos los ministros que firmaron el decreto.
“La gravedad del acto nos obligó a actuar de inmediato. No podíamos quedarnos callados mientras se violenta la legalidad”, agregó.
Finalmente, la congresista destacó que esta acción legal es un ejemplo de unidad entre partidos de distintas ideologías en defensa de la democracia. También advirtió sobre los riesgos de normalizar la violencia política y pidió actuar con responsabilidad y grandeza ante la crisis institucional que atraviesa el país.
#Política | Solicitando la nulidad del decreto que convoca la #ConsultaPopular, ocho partidos de oposición e independientes presentaron una solicitud ante el @consejodeestado pic.twitter.com/o7U0p2i5AW
— Doomo Editorial (@DoomoEditorial) June 12, 2025