El conflicto entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), ha dejado más de 15.000 muertos.
El conflicto entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), ha dejado más de 15.000 muertos.

La ciudad de Al Fasher, capital del estado de Darfur Norte, se ha convertido en escenario de graves violaciones a los derechos humanos tras su ocupación por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que el pasado 26 de octubre consolidó su control sobre la zona luego de meses de intensos combates con el ejército sudanés, según denunció este jueves la Misión de Investigación de la ONU en Sudán.
En un comunicado difundido desde Ginebra, el organismo alertó sobre un patrón sistemático de atrocidades, incluyendo ejecuciones de civiles desarmados por motivos étnicos, actos de violencia sexual, saqueos generalizados, destrucción de infraestructura básica y desplazamiento forzado masivo de la población.
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«Al Fasher arde, millones se enfrentan a la hambruna, y el mundo tiene que elegir entre el silencio o la solidaridad”, afirmó Mohamed Chande Othman, presidente de la misión de la ONU, al presentar los hallazgos preliminares.
De acuerdo con los expertos, la caída de Al Fasher representa un punto de inflexión en la guerra civil que azota a Sudán desde abril de 2023. La ciudad era el último bastión estratégico que mantenía el ejército regular en la región de Darfur, y su pérdida podría consolidar el control territorial de las FAR sobre el occidente del país.
La misión señaló que decenas de miles de civiles permanecen atrapados en la ciudad, sometidos a bombardeos continuos y sin acceso a alimentos, agua ni atención médica, mientras que miles más huyen a pie en condiciones precarias. La ayuda humanitaria internacional, advirtió el comunicado, sigue siendo “gravemente obstaculizada” por las hostilidades y los bloqueos impuestos por los grupos armados.
El organismo de Naciones Unidas subrayó que las violaciones cometidas en Al Fasher son reflejo de un patrón extendido en todo el territorio sudanés, y que algunos de estos abusos podrían constituir crímenes de guerra o de lesa humanidad.
En un informe presentado ante la Asamblea General de la ONU, la misión reiteró su llamado a la comunidad internacional para establecer un mecanismo judicial independiente que permita juzgar a los responsables de las atrocidades cometidas en el conflicto, con el fin de “poner fin a décadas de impunidad en Sudán”.
Asimismo, los expertos recomendaron ampliar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) —que actualmente solo abarca la región de Darfur— a todo el país, y propusieron la creación de una oficina de asistencia y reparación para las víctimas dentro del territorio sudanés.
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El conflicto entre el Ejército de Sudán, liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), ha dejado más de 15.000 muertos y ha forzado el desplazamiento de más de 10 millones de personas, según cifras de la ONU, en una de las peores crisis humanitarias actuales del continente africano.