En un claro desafío a las políticas ultraconservadoras de Víktor Orbán, cientos de miles de personas participaron en la edición 30 del Pride en Budapest.
domingo, 29 de junio de 2025
En un claro desafío a las políticas ultraconservadoras de Víktor Orbán, cientos de miles de personas participaron en la edición 30 del Pride en Budapest.
En Budapest, el 28 de junio de 2025 se celebró la 30ª edición del Budapest Pride, un evento que reunió entre 100.000 y 200.000 personas, convirtiéndose en la marcha más grande en la historia de Hungría y una masiva muestra de rechazo al gobierno de Viktor Orbán.
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El evento fue declarado ilegal tras una reforma constitucional y una ley aprobada en marzo que permite prohibir marchas “que promuevan la homosexualidad o el cambio de sexo a menores”, bajo el argumento de “protección infantil”.
A pesar de la prohibición, el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, declaró el acto como un evento municipal, argumentando que la ciudad no necesita permiso policial para organizarlo.
El gobierno emitió advertencias legales: multas de hasta 500 euros a participantes y hasta un año de prisión para organizadores, además del uso de reconocimiento facial para identificar a los asistentes.
A pesar de ello, la marcha se realizó sin incidentes graves, con presencia de policías y aislamiento de pequeños grupos de contramanifestantes de extrema derecha, que no lograron alterar el recorrido.
Los participantes portaban banderas arcoíris, pancartas como “Freedom and love can’t be banned” y expresaron que realmente estaban protestando por la libertad de expresión y marcha.
La marcha también contó con notable presencia internacional: 70 diputados europeos de más de 30 países, entre ellos figuras como Yolanda Díaz, Irene Montero, Roderic O’Gorman y MEPs verdes.
Michelle von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y la comisaria de Igualdad Hadja Lahbib condenaron públicamente la criminalización de la marcha y llamaron a no aplicar sanciones administrativas o penales.
Orbán reaccionó fuertemente, calificando el acto como “repulsivo y vergonzoso”, acusando a la UE de orquestarlo “desde Bruselas” a través de sus opositores.
El ambiente del día fue descrito como festivo y pacífico, una expresión de resistencia civil: muchos aseguraron que era una marcha por la democracia, no solo por los derechos LGBTQ+.
Los medios internacionales destacaron que fue una demostración sin precedentes de desobediencia y solidaridad, con apoyo diplomático desde más de 30 embajadas y advertencias de parte de varios gobiernos europeos.
ONG como Amnesty Hungary y ILGA-Europe han denunciado que la ley es una grave violación al derecho a la libre asociación y expresión, y anunciaron que impugnarán la prohibición en tribunales.
Se destacó la participación de personas que asistían por primera vez, incluyendo adultos mayores y jóvenes, mostrando que las medidas represivas impulsan una amplia movilización ciudadana.
A pesar del “marco legal restrictivo”, el evento transcurrió sin violencia policial, aunque persiste el riesgo de sanciones, por lo que gobiernos europeos advirtieron a sus ciudadanos de posibles multas y vigilancia biométrica.
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Este episodio marca un punto de inflexión: representa tanto un desafío a la política conservadora de Orbán como una reafirmación de los valores democráticos y derechos humanos en el ámbito europeo.