El panorama aún es sombrío para la comunidad LGBTIQ+ en Colombia

En los últimos años, la comunidad LGBTIQ+ en Colombia ha enfrentado una preocupante escalada de violencia y discriminación, a pesar de los avances legales en materia de derechos civiles. Los informes de organizaciones como Caribe Afirmativo y Colombia Diversa revelan una realidad alarmante: entre enero y abril de 2024 se registraron 38 homicidios de personas LGBTIQ+, triplicando las cifras de años anteriores. Este incremento evidencia una creciente permisividad social hacia la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género.

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Uno de los casos más emblemáticos de esta violencia es el asesinato de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, ocurrido en abril de 2025 en Bello, Antioquia. Sara fue brutalmente golpeada y arrojada a una quebrada, donde falleció al día siguiente. Este crimen, que fue grabado y difundido en redes sociales, generó indignación nacional y puso en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres trans en Colombia.

La violencia no se limita a los homicidios. En 2022, se registraron 145 asesinatos de personas LGBTIQ+, siendo las mujeres trans y los hombres gais las principales víctimas. Además, se documentaron casos de tortura, violencia sexual y amenazas, especialmente en departamentos como Antioquia y Valle del Cauca.

Los líderes y lideresas sociales LGBTIQ+ también enfrentan riesgos significativos. Entre 2022 y 2023, Colombia Diversa registró 149 hechos de violencia contra líderes sociales LGBTIQ+, incluyendo amenazas, homicidios y violencia policial. Estos ataques buscan silenciar a quienes defienden los derechos de la comunidad y evidencian la falta de garantías para su participación política y social.

La impunidad es otro factor que perpetúa la violencia. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, entre enero de 2020 y julio de 2022, el 90% de los procesos penales relacionados con crímenes contra personas LGBTIQ+ estaban en etapa de indagación, y solo el 2% había llegado a juicio. Esta falta de justicia desalienta las denuncias y perpetúa el ciclo de violencia.

El conflicto armado también ha dejado una huella profunda en la comunidad LGBTIQ+. Desde 1985, se han registrado más de 10.000 hechos victimizantes contra personas LGBTIQ+, incluyendo desplazamientos forzados, amenazas y homicidios. Estos crímenes han sido perpetrados por diversos actores armados y reflejan una violencia sistemática basada en prejuicios.

La discriminación institucional persiste en diversas formas. En 2023, se registraron 3.527 víctimas del delito de amenazas y 1.314 por actos de discriminación, según datos de la Fiscalía. Además, la falta de capacitación en diversidad sexual en instituciones como la Policía y el sistema judicial contribuye a la revictimización y a la falta de acceso a la justicia.

A pesar de estos desafíos, ha habido avances significativos en el reconocimiento de los derechos de las personas trans. En 2021, Georgina Epiayú, una mujer trans de la etnia wayuu, fue reconocida oficialmente como mujer después de 45 años de lucha. Su historia simboliza la resistencia y la perseverancia de la comunidad trans en Colombia.

Sin embargo, la aprobación de leyes que protejan integralmente a las personas trans sigue siendo un reto. El proyecto de ley integral trans, que busca garantizar derechos en salud, educación y empleo, enfrenta obstáculos en el Congreso y podría ser archivado si no avanza en los debates legislativos. Este proyecto es crucial para abordar las condiciones hostiles que enfrentan las personas trans en el país.

La Defensoría del Pueblo ha registrado 286 casos de violencia contra la población LGBTIQ+ entre enero y mayo de 2024, siendo la violencia psicológica la más común. Estos datos reflejan un subregistro, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo o desconfianza en las instituciones.

La sociedad colombiana enfrenta el desafío de transformar culturalmente sus actitudes hacia la diversidad sexual y de género. La persistencia de prejuicios y estigmas contribuye a la violencia y la exclusión de la comunidad LGBTIQ+. Es fundamental promover la educación y la sensibilización para construir una sociedad más inclusiva y respetuosa.

Las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel clave en la visibilización de la violencia y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, requieren mayor apoyo y protección para continuar su labor en un entorno hostil.

La participación política de las personas LGBTIQ+ es esencial para lograr cambios estructurales. Sin embargo, las amenazas y la violencia limitan su capacidad de incidir en las decisiones que afectan sus vidas. Garantizar su seguridad y su derecho a participar en la vida pública es una deuda pendiente del Estado colombiano.

La implementación efectiva de políticas públicas con enfoque diferencial es crucial para proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Esto incluye la capacitación de funcionarios, la recolección de datos desagregados y la asignación de recursos para programas específicos.

La comunidad internacional también tiene un papel importante en la promoción y protección de los derechos LGBTIQ+ en Colombia. La cooperación y el monitoreo internacional pueden contribuir a presionar al Estado para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

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La situación de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia es crítica y requiere acciones urgentes y sostenidas. La violencia, la discriminación y la impunidad son realidades que deben ser enfrentadas con determinación por parte del Estado y la sociedad en su conjunto. Solo a través de un compromiso genuino con la igualdad y la justicia se podrá garantizar una vida digna para todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.