El asesinato de 13 mineros artesanales en Pataz ha generado nuevas críticas al gobierno de Dina Boluarte, en especial por el manejo de la seguridad y el control a la minería ilegal.
sábado, 31 de mayo de 2025
El asesinato de 13 mineros artesanales en Pataz ha generado nuevas críticas al gobierno de Dina Boluarte, en especial por el manejo de la seguridad y el control a la minería ilegal.
El pasado 25 de abril de 2025, trece trabajadores de una empresa contratista vinculada a la minera Poderosa, fueron secuestrados y posteriormente encontrados muertos en un socavón en la provincia de Pataz, región de La Libertad. Las víctimas presentaban signos de tortura y ejecución, y se presume que los responsables son mineros ilegales asociados con bandas criminales.
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Las autoridades peruanas, incluyendo al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, inicialmente pusieron en duda la veracidad del secuestro, lo que generó críticas por la demora en la respuesta oficial.
Ante la presión pública, la presidenta Dina Boluarte anunció un toque de queda en Pataz, vigente desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., con el objetivo de controlar la situación de seguridad en la zona.
El gobierno suspendió todas las actividades mineras en Pataz por un período de 30 días, incluyendo los permisos otorgados a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), afectando tanto a operaciones legales como ilegales.
Se anunció la instalación de una base militar en la región para reforzar la presencia del Estado y combatir la minería ilegal y la violencia asociada.
Diversas organizaciones, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y medios de comunicación locales han criticado la inacción y la falta de protección a los trabajadores en la región, señalando que la violencia persiste a pesar de las medidas adoptadas.
La provincia de Pataz ha sido escenario de múltiples actos violentos relacionados con la minería ilegal. La empresa Poderosa ha reportado la muerte de 39 trabajadores en los últimos años debido a ataques similares.
Se estima que hasta un 40% del oro exportado por Perú en 2024, valorado en aproximadamente 15.500 millones de dólares, proviene de fuentes ilegales, lo que supera incluso al narcotráfico en términos de rentabilidad para el crimen organizado.
La minera Poderosa ha condenado los asesinatos y ha instado al gobierno a tomar medidas más efectivas para garantizar la seguridad de sus trabajadores y operaciones en la región.
A pesar de los anuncios presidenciales, algunas de las medidas, como la suspensión de actividades mineras, aún no han sido oficializadas mediante documentos legales, lo que genera incertidumbre sobre su aplicación efectiva.
Las familias de los mineros asesinados exigen justicia y protección, enfrentando además el temor a posibles represalias por parte de los grupos criminales que operan en la zona.
Expertos en seguridad han cuestionado la eficacia de las estrategias gubernamentales, señalando que la falta de presencia estatal y la corrupción han permitido el crecimiento de la minería ilegal y la violencia asociada.
La gestión de la crisis por parte del gobierno ha generado tensiones políticas, con posibles consecuencias para el gabinete de la presidenta Boluarte, incluyendo la posibilidad de censura al ministro Adrianzén.
Analistas coinciden en que se requiere una estrategia integral que aborde no solo la seguridad, sino también el desarrollo económico y social de la región para combatir las causas subyacentes de la minería ilegal.
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La situación en Pataz refleja una crisis profunda que combina violencia, minería ilegal y ausencia estatal. Las medidas adoptadas por el gobierno son un paso inicial, pero se requiere una acción sostenida y coordinada para restaurar la seguridad y promover el desarrollo en la región.