Presidente Petro pide a Estados Unidos no entremeterse con la justicia colombiana

Luego de que la jueza Sandra Heredia emitiera un fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al hallarlo culpable por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, no tardaron en llegar reacciones tanto a nivel nacional como internacional. La decisión judicial, que marca un hecho histórico en la política y justicia colombiana, generó una fuerte controversia, especialmente por los pronunciamientos de altos funcionarios del gobierno estadounidense.

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En particular, miembros de la administración del presidente Donald Trump —quien recientemente asumió su segundo mandato en enero de 2025— expresaron su inconformidad con el veredicto. Entre ellos se destacó el Secretario de Estado, Marco Rubio, quien manifestó públicamente su “apoyo total” a Álvaro Uribe, asegurando que se trata de “un hombre que fue clave para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en el continente”. Las declaraciones fueron interpretadas en Colombia como una intromisión directa en un proceso judicial interno.

A estas voces se sumaron otras figuras del Partido Republicano, como la congresista María Elvira Salazar y el senador Ted Cruz, quienes calificaron el juicio como una “persecución política” contra un aliado clave de Washington en el hemisferio occidental. Estas afirmaciones buscaron deslegitimar el trabajo de la justicia colombiana, sembrando dudas sobre su independencia y transparencia.

Ante esta serie de comentarios, el presidente Gustavo Petro respondió con contundencia. Desde la Casa de Nariño, y por medio de un comunicado oficial, Petro le exigió a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia abstenerse de intervenir en los asuntos internos del país. Petro pidió a las asociaciones de jueces y trabajadores del poder judicial de los Estados Unidos, “solidarizarse con la justicia colombiana, hoy agredida por un gobierno extranjero. Mucha valentía colombiana muriendo asesinada por ayudar a los EE.UU., para que, ahora, el gobierno de los EE.UU., venga a irrespetarla”.

En su pronunciamiento, Petro también hizo un llamado a las asociaciones de jueces y trabajadores del poder judicial de Estados Unidos, invitándolos a expresar su respaldo a la justicia colombiana. “Hoy nuestra justicia está siendo agredida por declaraciones que no solo desconocen la soberanía, sino que ignoran la valentía de muchos funcionarios judiciales que han dado la vida por la democracia y el cumplimiento de la ley”, expresó el jefe de Estado.

La situación generó reacciones de solidaridad dentro del país. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura manifestaron su respaldo a la jueza Heredia, destacando su trayectoria y la solidez de su fallo. A su vez, organizaciones como la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) rechazaron las declaraciones de los funcionarios estadounidenses.

En redes sociales y medios de comunicación, el debate se intensificó. Mientras sectores cercanos al uribismo celebraron el apoyo internacional al expresidente y acusaron al gobierno Petro de “promover la persecución”, otros actores políticos subrayaron que la independencia judicial debe estar por encima de cualquier ideología o interés externo.

En Washington, las declaraciones de Rubio y otros funcionarios fueron vistas con cierta preocupación por sectores del Partido Demócrata, que señalaron el riesgo que supone erosionar la credibilidad de sistemas judiciales aliados. Algunos congresistas demócratas, como Alexandria Ocasio-Cortez y Jamie Raskin, se distanciaron del tono del Ejecutivo estadounidense y defendieron la necesidad de respetar la institucionalidad de Colombia.

Por su parte, la Cancillería colombiana convocó al encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en Bogotá para expresar formalmente su inconformidad por las declaraciones emitidas. En dicha reunión, el vicecanciller reiteró que Colombia es una democracia sólida, con instituciones que no deben ser sometidas a presiones externas.

Este episodio representa un momento tenso en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Aunque ambos países han mantenido una estrecha cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico y comercio, la interferencia en temas judiciales podría abrir una brecha diplomática significativa, especialmente si se mantienen los cuestionamientos por parte de la administración Trump.

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Finalmente, el caso de Álvaro Uribe Vélez continuará su curso judicial en las siguientes fases procesales, con la posibilidad de apelaciones por parte de su defensa. Sin embargo, el debate ya ha trascendido los estrados judiciales y ha tocado fibras sensibles de la política internacional, poniendo a prueba el respeto por la soberanía y la independencia de los poderes públicos.