En su alocución y en el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro habló de la crisis de seguridad por la que atraviesa el país y pidió a su gabinete analizar el problema desde lo social y lo militar.
sábado, 31 de mayo de 2025
En su alocución y en el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro habló de la crisis de seguridad por la que atraviesa el país y pidió a su gabinete analizar el problema desde lo social y lo militar.
El presidente Gustavo Petro se dirigió a la nación la noche del 5 de mayo para hablar sobre la compleja crisis de seguridad que enfrenta el país. En su intervención, destacó los efectos del llamado «plan pistola» ejecutado por el Clan del Golfo, así como los paros armados impuestos por el ELN en varias regiones del país.
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El mandatario fue enfático en afirmar que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso histórico. Según Petro, esta estrategia solo ha fortalecido a los narcotraficantes y ha generado más violencia en los territorios. Añadió que los grupos armados han dejado de ser guerrillas ideológicas para convertirse en organizaciones criminales dedicadas principalmente al narcotráfico.
Durante su discurso, el jefe de Estado mencionó una disminución sostenida en las cifras de homicidios en los últimos años, aunque reconoció que el aumento reciente de acciones violentas como las del Clan del Golfo ha generado alarmas en las autoridades.
Tras su alocución, Petro convocó de inmediato a un consejo de ministros, en el que solicitó a su gabinete analizar la crisis de seguridad desde una doble perspectiva: las acciones militares y los planes sociales.
El mandatario insistió en que su gobierno ha venido planteando estrategias integrales en regiones especialmente afectadas como Catatumbo y el Cañón del Micay, donde se concentran varios grupos armados ilegales y economías ilícitas.
Sin embargo, Petro expresó una crítica contundente: “El gobierno civil no ha estado a la altura”, en referencia al excesivo centralismo de las instituciones del Estado, que dificulta la presencia efectiva del gobierno en los territorios más vulnerables.
A pesar de los esfuerzos por desmantelar estructuras del Clan del Golfo, este grupo ha asesinado a más de veinte uniformados en las últimas semanas, lo que refleja una ofensiva directa contra las fuerzas del orden y un intento de intimidación del Estado.
Las autoridades han respondido con operativos en diferentes regiones, logrando la captura de más de cien personas vinculadas a esa organización criminal en tan solo dos semanas, en el marco de la operación Agamenón.
El ELN, por su parte, continúa con sus acciones armadas, incluidos paros violentos que paralizan la movilidad en departamentos como Arauca, Norte de Santander y Chocó. Estas medidas han impactado gravemente la vida cotidiana de la población civil.
En este contexto, Petro ha debido replantear su estrategia de Paz Total, luego de varios diálogos fallidos con distintos grupos armados. La falta de resultados concretos ha generado críticas desde distintos sectores políticos y sociales.
La política de Paz Total, una de las apuestas centrales del gobierno Petro, enfrenta su mayor desafío, dado que muchas de las organizaciones ilegales no muestran voluntad genuina de desmovilización, y continúan con sus actividades criminales.
El presidente reconoció que es necesario un cambio de enfoque que combine la intervención militar con una transformación estructural de los territorios, garantizando presencia estatal, justicia social y alternativas económicas reales para las comunidades.
Para lograr esto, el mandatario instó a sus ministros a diseñar planes sociales robustos que atiendan las causas estructurales del conflicto, como la pobreza, la desigualdad, el abandono estatal y la falta de oportunidades.
Finalmente, Petro reafirmó que no renunciará a su intención de construir una Colombia en paz, pero advirtió que será necesario redoblar esfuerzos desde todos los frentes del Estado para enfrentar la violencia criminal que hoy amenaza a miles de colombianos.
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En este nuevo momento de su gobierno, el presidente busca una respuesta integral al conflicto, entendiendo que la seguridad no puede depender únicamente de la fuerza pública, sino de una verdadera presencia del Estado en todos los rincones del país para abordar la actual crisis de seguridad.