En una audiencia de seguimiento convocada por la Corte Constitucional, el Plan Integral de Gestión del Riesgo del volcán Galeras recibió el respaldo del movimiento social Dignidad del Volcán Galeras, la Gobernación de Nariño y las alcaldías de Nariño, La Florida y Pasto.
En un hecho histórico para el departamento de Nariño, las comunidades y las autoridades territoriales aprobaron el nuevo Plan Integral de Gestión del Riesgo del Volcán Galeras, formulado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para los municipios de Nariño, La Florida y Pasto.
Te puede interesar: Colombia vuelve a liderar el Global Big Day
El plan, resultado de un proceso técnico, participativo e interinstitucional, cumple con las órdenes de la Corte Constitucional y responde a la necesidad de superar las limitaciones establecidas desde 2005, cuando se declaró la zona como área de desastre debido al riesgo de una erupción inminente del volcán Galeras. Dicha declaratoria restringió el desarrollo y el ordenamiento territorial de estos municipios durante más de 20 años.
A diferencia del enfoque anterior centrado en el reasentamiento, este nuevo instrumento se orienta en la rehabilitación y restauración del territorio, reconociendo que en la zona nunca se registró una emergencia eruptiva. El plan proporciona ahora una hoja de ruta para la gestión del riesgo volcánico, desde un enfoque integral y actualizado.
“Por primera vez en dos décadas, los municipios del área de influencia cuentan con una hoja de ruta clara en gestión del riesgo volcánico. Con su aprobación, se refleja el esfuerzo conjunto entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y las comunidades del Galeras,” señaló María Meza, subdirectora para la Reducción del Riesgo de la UNGRD.
El proceso de formulación se llevó a cabo entre noviembre de 2024 y enero de 2025, con base en los estudios de amenaza volcánica actualizados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la UNGRD, entregados oficialmente en marzo de 2024. Estos estudios, elaborados en cumplimiento de la sentencia T-269 de 2015, sirvieron como insumo técnico principal para estructurar un instrumento acorde a las condiciones actuales del territorio.
La aprobación se formalizó en el marco de una audiencia de seguimiento presidida por la Corte Constitucional, que contó con la participación de directivos de la UNGRD, representantes del orden regional y local, comunidades campesinas e indígenas, y organizaciones sociales.
Te puede interesar: Marcas apoyan a Frisby en litigio por propiedad intelectual en Europa
Así, la UNGRD reafirma su compromiso con la protección de las comunidades, el cumplimiento de la normatividad constitucional y la transformación de territorios históricamente afectados por restricciones derivadas de los fenómenos amenazantes.