En el país, varias figuras políticas aplauden que la Misión de la ONU continúe su labor, pero lamentan que excluya la verificación de la JEP.
martes, 4 de noviembre de 2025
En el país, varias figuras políticas aplauden que la Misión de la ONU continúe su labor, pero lamentan que excluya la verificación de la JEP.
El 31 de octubre de 2025 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva resolución para extender por un año la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Sin embargo, por primera vez desde 2017, esa renovación incluyó un recorte significativo: se excluyó del mandato la tarea de verificación de sanciones propias de la JEP y también la supervisión del capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016.
Te puede interesar: El Consejo de Seguridad de la ONU reafirma su compromiso con la paz en Colombia y extiende el mandato de la Misión de Verificación hasta octubre de 2026
Esa modificación rompe un consenso diplomático que había mantenido la implementación del acuerdo en un marco casi unánime. Fuentes diplomáticas confirmaron que la presión ejercida por Donald Trump, a través de la delegación de Estados Unidos, fue determinante para que se recortaran ambas funciones.
No es la primera vez que Washington interviene en este asunto: ya durante el gobierno de Iván Duque se había planteado la reducción del respaldo internacional a la JEP, pues Duque consideró que ciertos mecanismos no cumplían con el estándar de sanción penal y pedía que la misión de la ONU se centrara en seguridad y reincorporación.
La decisión del Consejo de Seguridad genera un impacto serio sobre la JEP. Al quedar sin la verificación internacional de la ONU sobre sus sanciones restaurativas, pierde parte de su apoyo técnico, institucional y simbólico, lo que puede debilitar su legitimidad ante víctimas y observadores internacionales.
En particular, la exclusión del capítulo étnico —que reconoce los derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros— fue considerada por muchos como un paso atrás en la construcción de una “paz con justicia” integral. La vicepresidente Francia Márquez expresó su “profundo pesar” por la decisión, indicando que representa un retroceso para los pueblos étnicos.
Márquez señaló que el respaldo internacional había sido clave para garantizar la transparencia, la participación comunitaria y la confianza en el proceso de paz. Sin la verificación externa, advirtió, podría incrementarse la vulnerabilidad de las regiones más afectadas por el conflicto armado.
En paralelo, el ex-guerrillero y líder político Rodrigo Londoño (alias “Timochenko”) pidió al presidente Gustavo Petro acudir ante la ONU para que se “corrija” esta decisión y se promueva una adición al mandato que permita restablecer la verificación internacional de la JEP.
Londoño enfatizó que dicho componente es “fundamental” para el éxito del acuerdo de paz y para la confianza de las víctimas. Instó a que Colombia eleve una solicitud conjunta al Secretario General de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad para revertir el recorte.
El trasfondo internacional es complejo: prácticamente todos los miembros del CSNU —excepto Estados Unidos y Rusia, que se abstuvieron— aprobaron la resolución por 13 votos a favor y dos abstenciones. Pero muchos diplomáticos lamentaron que el mandato se recortara por influencias externas, una dinámica poco frecuente y que genera interrogantes sobre independencia multilateral.
Para Colombia, el golpe es doble: no sólo se reduce el acompañamiento internacional a la JEP, sino que también se envía una señal de fragilidad del mecanismo de justicia transicional. Especialistas alertan que esto puede abrir espacios de objetores del acuerdo, de impunidad y de menor rigurosidad en la rendición de cuentas.
El gobierno de Petro, por su parte, no solo debe gestionar la implementación doméstica del acuerdo sino también enfrentar el desafío diplomático: reconstruir la confianza internacional y asegurar que el proceso de paz cuente con los recursos y apoyos para seguir adelante sin la supervisión plena de la ONU.
Te puede interesar: Gobierno firma acuerdo por 25 millones de euros para robustecer la infraestructura vial y comunitaria de Caquetá
La decisión del Consejo de Seguridad de la ONU marca un hito en el proceso de paz colombiano. Al retirar el respaldo pleno a la JEP y al capítulo étnico, exhibe tensiones geopolíticas, presiones internacionales y riesgos para la legitimidad del sistema de justicia transicional. La reacción del Estado colombiano —desde la diplomacia hasta los territorios— será clave para determinar si este revés se convierte en un punto de inflexión o en un obstáculo duradero.