El presidente Petro aseguró que no va “a permitir que por urgencias se prorrogue el contrato”, como aseguró la canciller, Laura Sarabia.
miércoles, 25 de junio de 2025
El presidente Petro aseguró que no va “a permitir que por urgencias se prorrogue el contrato”, como aseguró la canciller, Laura Sarabia.
Mientras la Cancillería se prepara para extender por 11 meses más el contrato con Thomas Greg & Sons bajo una nueva urgencia manifiesta, el presidente Gustavo Petro reiteró su rechazo a que la empresa continúe a cargo de la expedición de pasaportes en el país.
Durante un consejo de ministros transmitido este martes, el mandatario fue enfático al señalar que la compañía no continuará con el negocio, al que calificó de fraudulento:
«No va a seguir con Thomas Greg & Sons, porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta», afirmó.
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Sin embargo, la postura del jefe de Estado contrasta con la decisión técnica ya adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ante la falta de preparación del nuevo modelo de expedición de libretas y pasaportes, la Cancillería se dispone a renovar el contrato con Thomas Greg mediante una nueva declaratoria de urgencia manifiesta, que permitiría extender el servicio hasta mediados de 2026.
La decisión responde a las dificultades logísticas y técnicas que enfrenta la Imprenta Nacional, entidad que, en teoría, debería asumir la tarea con apoyo de la Casa de la Moneda de Portugal, tras un memorando de entendimiento firmado por ambos países. Sin embargo, las dudas sobre su capacidad operativa han retrasado la implementación del nuevo esquema.
La situación ha generado tensiones dentro del propio Gobierno, particularmente entre la actual canciller, Laura Sarabia, y su antecesor, Luis Gilberto Murillo. Según fuentes cercanas al proceso, el equipo de Sarabia no encontró respaldo técnico ni jurídico suficiente en el modelo propuesto por Murillo, mientras que este último insiste en que dejó todo listo para el traspaso.
#Nacional | Una nueva urgencia manifiesta será declarada por la Cancillería (@CancilleriaCol) para extender por 11 meses el contrato de expedición de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons📸Archivo pic.twitter.com/SiShFNn7BB
— Doomo Editorial (@DoomoEditorial) June 24, 2025
Tras reuniones con el Ministerio del Interior, Planeación Nacional, Hacienda y la Imprenta Nacional, el consenso fue que continuar temporalmente con Thomas Greg era lo más prudente para evitar afectaciones en el servicio. Sin embargo, la decisión podría tener consecuencias políticas: Sarabia no estuvo presente en el consejo de ministros de este martes y se especula con un posible llamado de atención por parte del presidente Petro.
En su intervención, el presidente Petro también volvió a arremeter contra su primer canciller, Álvaro Leyva, a quien responsabilizó del escándalo original por haber declarado desierta la licitación de pasaportes en 2023.
«El canciller por demorarse en hacerme caso de suspenderla terminó en un lío que lo llevó afuera por culpa de la Procuraduría, y ahora quiere vengarse de mí con sus famosas cartitas tontas», dijo Petro, aludiendo a la controversia generada por la Resolución 7485, con la que Leyva anuló el proceso que ascendía a 600.000 millones de pesos, al considerar que favorecía a Thomas Greg.
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En su momento, Leyva justificó la decisión como una medida para proteger los recursos públicos. No obstante, la Procuraduría abrió una investigación al considerar que el entonces canciller pudo haber vulnerado principios de transparencia, responsabilidad y economía establecidos por la ley.
Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró la urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes durante los 12 meses siguientes, mediante la Resolución 7541 del 14 de septiembre. En octubre, el entonces canciller Murillo firmó una segunda urgencia manifiesta por 11 meses, con la intención de permitir una transición ordenada hacia la nueva modalidad de producción. Sin embargo, dicha transición aún no se ha concretado.
A menos de dos meses de que finalice la última urgencia manifiesta, el Gobierno se enfrenta a un nuevo dilema institucional: continuar con una empresa cuestionada por el propio presidente Petro o arriesgar la continuidad de un servicio esencial para millones de ciudadanos.