El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 0062 del 24 de enero de 2025, que declara “el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.
El Gobierno nacional fundamenta su decisión en la Constitución Política, específicamente en el artículo 213, el cual establece que, en caso de una grave perturbación del orden público, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, puede declarar el Estado de Conmoción Interior cuando la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana estén en peligro y las autoridades de Policía no puedan controlar la situación con sus atribuciones ordinarias.
Con base en estas facultades constitucionales, el Gobierno queda habilitado para expedir decretos legislativos con el fin de conjurar las causas de la perturbación del orden público e impedir la extensión de sus efectos. Para ello, puede incluso suspender leyes que sean incompatibles con este estado de excepción.
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La decisión del presidente Gustavo Petro responde a la grave situación de orden público en la zona del Catatumbo, donde el ELN y las disidencias de las FARC han sostenido enfrentamientos que han generado asesinatos selectivos, la muerte de civiles y el desplazamiento masivo de la población.
Por esta razón, el decreto establece la declaratoria de conmoción interior por un período de 90 días, aplicable a la región del Catatumbo en el nororiente de Norte de Santander. Esta región incluye municipios como Ocaña, Abrego, Tibú y Sardinata, así como los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura.
También se extiende al área metropolitana de Cúcuta, incluyendo Villa del Rosario, Los Patios y Puerto Santander, y a municipios del departamento del Cesar como Río de Oro y González.
En las consideraciones del decreto, el Gobierno resalta su estrategia de Paz Total, mediante la cual ha impulsado la presencia institucional en el Catatumbo con programas dirigidos a la sustitución de cultivos ilícitos y el fomento de economías productivas legales.
Según informes oficiales, la región del Catatumbo concentraba 43.178 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales 27.329 hectáreas (el 63,3 %) estaban en Sardinata y Tibú. Además, se advierte que estos cultivos ilícitos han aumentado debido a la reactivación del mercado de la coca con fines ilegales.
El ELN ha incrementado sus ataques y hostilidades en la región, afectando gravemente a la población civil y, en especial, a los firmantes del Acuerdo Final de Paz. Estas acciones están financiadas con recursos provenientes de actividades ilegales, lo que agrava la violencia en el Catatumbo.
Desde el 16 de enero de 2025, la perturbación del orden público se ha intensificado debido a la ofensiva militar del Eln. Esto ha generado una crisis humanitaria que afecta a poblaciones vulnerables, entre ellas el pueblo indígena Barí, líderes sociales, niños, niñas y adolescentes, así como campesinos y campesinas.
Según datos oficiales, hasta el 21 de enero de 2025 se han registrado 381 homicidios, incluyendo 5 firmantes del Acuerdo de Paz. También se han reportado lesiones personales, desapariciones forzadas y se teme que haya un número aún mayor de víctimas mortales, dado que las autoridades han enfrentado dificultades para la recolección e identificación de cuerpos en las zonas afectadas.
En cuanto al desplazamiento forzado, el Comité de Justicia Transicional reportó que, hasta el 22 de enero de 2025, 36.137 personas han sido desplazadas. En 2024, el Registro Único de Víctimas (RUV) había registrado 5.422 desplazados, lo que evidencia un aumento drástico de esta problemática.
Del total de desplazados, 16.482 personas se encuentran resguardadas en albergues y refugios en diferentes municipios de Norte de Santander. Además, se registró un aumento en el flujo migratorio hacia Venezuela, con 700 personas diarias entre el 17 y 19 de enero, aunque los días 20 y 21 de enero la cifra descendió a 400 personas por día.
Hasta el 21 de enero, la Alcaldía de Cúcuta ha atendido a 15.086 personas afectadas por los ataques y hostilidades en el Catatumbo. Asimismo, se han reportado 7.122 personas en confinamiento en municipios como Tibú, Teorama y San Calixto, lo que ha generado un desbordamiento institucional en las zonas receptoras de víctimas del conflicto.
El decreto de conmoción interior también advierte sobre las dificultades en la prestación de servicios primarios como salud, asistencia humanitaria y servicios públicos esenciales como agua, energía y gas, ya que las condiciones actuales han impedido las labores de mantenimiento.
Ante la gravedad de la crisis, caracterizada por el incremento de la violencia, el impacto en la población civil, las amenazas a la infraestructura crítica y el desbordamiento de las capacidades institucionales, el Gobierno considera necesario adoptar medidas extraordinarias para restablecer la estabilidad institucional y la seguridad del Estado.
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En este contexto, el Gobierno nacional concluye que se cumplen todos los requisitos legales para la declaratoria de conmoción interior, con el objetivo de restaurar el orden público, proteger a la población civil y garantizar el respeto de los derechos fundamentales en la región del Catatumbo.
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