La Procuraduría abrió indagación por el contrato de $10.000 millones firmado por el Dapre con una firma extranjera para la defensa jurídica internacional del presidente Gustavo Petro y su familia tras su inclusión en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Un contrato por 10.000 millones de pesos suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) encendió el debate político y jurídico en el país. El acuerdo fue celebrado con la firma Amadeus Consultancy Limited para brindar asesoría especializada en defensa jurídica internacional tras la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como “lista Clinton”.
La contratación, revelada públicamente a mediados de enero por la representante a la Cámara Katherine Miranda, se habría realizado mediante la figura de contratación directa y tendría como finalidad estructurar la estrategia jurídica para buscar el retiro del mandatario y de miembros de su núcleo familiar de dicha lista.
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El caso tomó mayor relevancia luego de que el abogado estadounidense Daniel Kovalik manifestara inicialmente su intención de asumir la defensa del presidente de manera gratuita. Sin embargo, la firma del contrato por más de 2 millones de dólares —equivalentes a los 10.000 millones de pesos— generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para atender una situación que, según sectores críticos, tendría un componente personal.
De acuerdo con las denuncias conocidas en medios nacionales, el contrato también beneficiaría a la primera dama, Verónica Alcocer, y a Nicolás Petro, quienes igualmente fueron incluidos en la lista OFAC.
El 24 de octubre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a Gustavo Petro; a la primera dama, Verónica Alcocer; a Nicolás Petro; y al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti.
La llamada “lista Clinton” implica restricciones financieras y bloqueos de activos bajo jurisdicción estadounidense, así como limitaciones en transacciones con ciudadanos y empresas de ese país.
El presidente Petro ha sostenido que la sanción obedeció a actuaciones propias del ejercicio de su cargo. En declaraciones recientes, afirmó que tiene derecho a defenderse como servidor público por acciones “protegidas por leyes internacionales y nacionales”, en referencia a pronunciamientos realizados desde Nueva York que involucraron críticas al gobierno estadounidense.
Tras la denuncia presentada por la representante Katherine Miranda, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa para establecer si existieron irregularidades en la estructuración y celebración del contrato.
La congresista también informó que presentó quejas ante la Contraloría para que se investigue la destinación de recursos públicos. “Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para resolver problemas personales del presidente y su esposa”, declaró Miranda al confirmar el inicio de la actuación disciplinaria.
La investigación preliminar buscará determinar si el objeto contractual se ajusta a los principios de la contratación estatal, especialmente en lo relacionado con la necesidad del servicio, la idoneidad del contratista y la oportunidad del proceso frente al calendario electoral y la ley de garantías.
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El Ejecutivo, por su parte, ha defendido la legalidad del contrato y ha rechazado que exista alguna irregularidad. Desde la Casa de Nariño se insiste en que la defensa al presidente Gustavo Petro responde a actos derivados del ejercicio presidencial y no a asuntos estrictamente privados.
El debate jurídico gira en torno a si la inclusión en la lista OFAC afecta directamente funciones institucionales del jefe de Estado y, por tanto, justifica la intervención y financiación del Estado, o si se trata de una situación que debe ser atendida con recursos personales.
Mientras avanzan las indagaciones, el caso se perfila como un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y sectores de oposición, en un contexto político marcado por el escrutinio al gasto público y la transparencia en la contratación estatal.