La Procuraduría abrió una indagación previa por un presunto detrimento patrimonial en un contrato del Dapre con una firma del Reino Unido para la defensa internacional del presidente Gustavo Petro.
viernes, 16 de enero de 2026
La Procuraduría abrió una indagación previa por un presunto detrimento patrimonial en un contrato del Dapre con una firma del Reino Unido para la defensa internacional del presidente Gustavo Petro.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para determinar si existió un posible detrimento patrimonial en la contratación de la firma Amadeus Consultancy Limited, con sede en el Reino Unido, para la defensa internacional del presidente Gustavo Petro.
La investigación se relaciona con la contratación realizada tras la inclusión del mandatario en la denominada Lista Clinton de Estados Unidos, junto con su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
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En un análisis preliminar, el Ministerio Público estableció que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República suscribió el contrato el 9 de enero de 2026, bajo la modalidad de contratación directa.
El acuerdo, con un plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026, tiene un valor cercano a los 10.000 millones de pesos, recursos que provienen del Presupuesto General de la Nación.
La Procuraduría advirtió que el contrato contempla un esquema de pagos elevados concentrados en un corto periodo de ejecución, sin que exista —según el ente de control— una justificación técnica suficiente que respalde la urgencia de la contratación.
El organismo también cuestionó que no se hubiera evaluado el uso de capacidades institucionales del Estado, cooperación interinstitucional o expertos nacionales, lo que podría representar una posible vulneración al principio de planeación en la contratación pública.
Otro de los aspectos que llamó la atención del Ministerio Público es que el contrato no contempla garantías de cumplimiento, pese a involucrar recursos estatales. Con estos elementos, la Procuraduría busca establecer si se transgredieron los principios de la contratación pública y si los fondos públicos fueron destinados a la defensa de intereses personales del jefe de Estado.
De acuerdo con la información publicada en la plataforma Secop II, el contrato tiene como finalidad prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional.
El objeto incluye el análisis normativo y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales, la elaboración de conceptos técnicos, análisis de riesgo institucional y la formulación de recomendaciones jurídicas estratégicas frente a decisiones adoptadas por autoridades extranjeras.
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La indagación se originó a partir de una denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien alertó sobre un posible uso indebido de recursos públicos para atender asuntos de carácter personal del presidente.
Miranda señaló que el acompañamiento jurídico, que según el abogado Daniel Kovalik sería gratuito, terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario financiado con recursos públicos, sin que exista una explicación clara sobre su necesidad, cuantía y modalidad de contratación.
La congresista solicitó que se verifique si la contratación derivó en un detrimento patrimonial y si se configuraron violaciones a los principios de la contratación pública. También pidió que se analicen eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales, incluyendo posibles delitos como peculado o contratación irregular.