La justicia boliviana ratificó la inhabilidad de Evo Morales de volver a aspirar a la presidencia de Bolivia, esto originó fuertes protestas que se encaminaron hacia La Paz.
sábado, 17 de mayo de 2025
La justicia boliviana ratificó la inhabilidad de Evo Morales de volver a aspirar a la presidencia de Bolivia, esto originó fuertes protestas que se encaminaron hacia La Paz.
El pasado 16 de mayo de 2025, Bolivia fue escenario de intensas protestas en apoyo al expresidente Evo Morales, tras la decisión del Tribunal Constitucional de ratificar su inhabilitación para postularse en las elecciones presidenciales de agosto. Miles de simpatizantes se congregaron en La Paz, exigiendo que se permita su candidatura, en medio de un clima de creciente tensión política y social.
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La movilización fue encabezada por sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS), especialmente provenientes de regiones rurales e indígenas. Los manifestantes marcharon hacia la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), portando banderas multicolores y coreando consignas en favor de Morales. La protesta se tornó violenta cuando intentaron superar el cerco policial, lo que provocó enfrentamientos con las fuerzas del orden.
La policía respondió con gases lacrimógenos y balas de pintura para dispersar a la multitud. Entre los heridos se reportaron dos agentes, un periodista y una comerciante, todos afectados por impactos de piedras lanzadas durante los disturbios. Además, fue detenido el dirigente Ponciano Santos, cercano a Morales, lo que intensificó la indignación de los manifestantes.
Desde su bastión en el Chapare, Morales no asistió a la marcha, pero sus seguidores iniciaron bloqueos en carreteras clave, como la que conecta Cochabamba con Santa Cruz, en protesta por la detención de Santos y la inhabilitación del exmandatario. Estos bloqueos buscan presionar a las autoridades para revertir la decisión judicial.
La controversia se centra en la interpretación de la Constitución boliviana, que establece un límite de dos mandatos presidenciales. En 2017, una sentencia del Tribunal Constitucional permitió a Morales postularse nuevamente, al considerar que la reelección indefinida era un derecho humano. Sin embargo, el fallo reciente revierte esa interpretación, impidiendo su participación en las próximas elecciones.
El presidente Luis Arce, antiguo aliado de Morales y actual líder del MAS, anunció que no buscará la reelección, instando a la unidad de la izquierda en torno a un candidato consensuado. Propuso al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, como posible abanderado, aunque las divisiones internas del partido complican la consolidación de una candidatura única.
Paralelamente, Morales enfrenta al menos siete acusaciones de abuso sexual a menores, incluyendo casos en Bolivia y Argentina. Aunque él niega las imputaciones, estas han sido utilizadas políticamente tanto por sus opositores como por antiguos aliados, afectando su imagen pública y generando controversia en el país.
La situación económica de Bolivia también es un factor de descontento. El país atraviesa una crisis caracterizada por inflación, escasez de combustibles y de dólares, lo que ha erosionado el apoyo popular al gobierno y ha sido aprovechado por Morales para criticar la gestión de Arce y justificar su intento de retorno al poder.
La comunidad internacional observa con preocupación la escalada de tensiones en Bolivia. Organismos de derechos humanos han condenado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y han llamado al diálogo entre las partes para evitar una mayor polarización y garantizar la estabilidad democrática.
En este contexto, la posibilidad de que Morales logre revertir su inhabilitación parece remota, dada la firmeza del fallo constitucional y la falta de una estructura partidaria legalmente reconocida para respaldar su candidatura. No obstante, sus seguidores mantienen la presión en las calles, dispuestos a continuar las movilizaciones.
Las protestas del 16 de mayo reflejan la profunda división política en Bolivia y la persistente influencia de Morales en sectores significativos de la población. Su figura sigue siendo un símbolo de reivindicación para muchos, a pesar de las controversias y desafíos legales que enfrenta.
La respuesta del gobierno a estas manifestaciones será crucial para determinar el curso de los acontecimientos. Una gestión represiva podría agravar la situación, mientras que un enfoque dialogante podría abrir espacios para una salida negociada a la crisis.
Las próximas semanas serán determinantes para el futuro político de Bolivia. La definición de candidaturas, la resolución de las tensiones internas en el MAS y la capacidad de las instituciones para manejar el conflicto serán factores clave en el desarrollo del proceso electoral.
La comunidad internacional, por su parte, deberá desempeñar un papel constructivo, apoyando iniciativas de mediación y promoviendo el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho en el país andino.
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Estas protestas evidencian la complejidad del panorama político boliviano, marcado por disputas legales, tensiones sociales y desafíos económicos. La resolución de esta crisis requerirá de voluntad política, diálogo y compromiso con los principios democráticos.