El decreto ATEA (Autoridades Territoriales Económicas y Ambientales) es una normativa que establece un marco legal para la gestión descentralizada y autónoma de recursos naturales y económicos por parte de las autoridades locales.
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El decreto ATEA (Autoridades Territoriales Económicas y Ambientales) es una normativa que establece un marco legal para la gestión descentralizada y autónoma de recursos naturales y económicos por parte de las autoridades locales.
El decreto ATEA (Autoridades Territoriales Económicas y Ambientales) es una normativa que establece un marco legal para la gestión descentralizada y autónoma de recursos naturales y económicos por parte de las autoridades locales.
La iniciativa busca dar autonomía a las entidades territoriales indígenas, permitiéndoles administrar sus recursos de manera sostenible y acorde a las características y necesidades específicas de cada región. El objetivo principal es que el desarrollo local esté más adaptado a la diversidad geográfica, cultural y económica del país.
Según lo indicado en las cartillas del CRIC, un aspecto fundamental del decreto ATEA es la promoción de la autonomía local en la toma de decisiones sobre proyectos económicos y ambientales que impactan los territorios. Esta disposición otorga a las autoridades territoriales un papel protagónico en la planificación, ejecución y supervisión de iniciativas que involucran la explotación de recursos naturales, la implementación de políticas ambientales y el fomento del desarrollo económico local. Este enfoque busca asegurar que las decisiones se tomen con un conocimiento profundo de las realidades locales y con una participación activa de la comunidad, promoviendo así una gobernanza más efectiva y representativa.
La idea del decreto ATEA también es impulsar la creación de estrategias de desarrollo sostenible que armonizan el crecimiento económico con la equidad social y el respeto por el medio ambiente. Bajo este marco, las autoridades territoriales tienen la responsabilidad de diseñar e implementar planes que no solo estimulen la economía local, sino que también salvaguarden los ecosistemas y garanticen el uso responsable de los recursos naturales.
Existe igualmente varias controversias al respecto del decreto. Por un lado las asociaciones de campesinos indican que el decreto llevaría a confrontaciones por tierras que en este momento están en manos de campesinos no pertenecientes a las comunidades indígenas, o tierras que pertenecen a comunidades afrodescendientes pero están dentro de territorios que se consideran de los pueblos ancestrales.
De otro lado, subyacen diferencias sobre el ejercicio de justicia; aunque sobre este tema siempre ha estado la controversia desde la Constitución de 1991 y la cuestión de los resguardos. Estas discrepancias pueden llevar a que el decreto en algún momento sea derogado por las altas Cortes o por el Congreso.