El máximo tribunal de las Naciones Unidas ordenó a Israel que detenga inmediatamente su controvertida operación militar en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, aumentando la presión internacional sobre Israel por su guerra contra Hamas.
«Israel debe detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en Rafah que pueda infligir al grupo palestino de Gaza condiciones de vida que puedan causar su destrucción física total o parcial», declaró este viernes el juez Nawaf Salam, presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El tribunal considera que la situación humanitaria en Rafah está clasificada como «desastrosa», dijo, y añadió que funcionarios de la ONU indicaron que la situación iba a «intensificarse aún más» si continuaba la operación israelí en Rafah.
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Israel inició una ofensiva terrestre limitada en Rafah el 7 de mayo, desafiando los llamados de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, para que no procediera. Al entrar, los militares tomaron el paso fronterizo de la ciudad con Egipto, que permanece cerrado desde entonces. El paso era un punto de entrada vital para la ayuda humanitaria a Gaza.
Más de un millón de palestinos se refugiaban allí antes de que Israel iniciara su operación, pero el tribunal señaló que unos 800.000 han sido desplazados desde entonces.
La CIJ declaró que las condiciones de evacuación y de vida ofrecidas por Israel no son «suficientes para aliviar el inmenso riesgo al que está expuesta la población palestina».
Las sentencias del tribunal son definitivas y vinculantes, pero la Corte Internacional de Justicia, en la Haya, Países Bajos, no dispone de un mecanismo para hacerlas cumplir, y en el pasado han sido ignoradas.
El pasado 10 de mayo, Sudáfrica presentó una solicitud urgente de medidas adicionales contra Israel, acusándolo de utilizar las órdenes de evacuación forzosa en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, para «poner en peligro la vida de la población civil en lugar de protegerla».
La petición forma parte de un caso más amplio presentado por Pretoria contra Israel, en el que Sudáfrica acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos durante el conflicto en Gaza.
El fiscal general adjunto de Israel para Derecho Internacional, Gilad Noam, negó las acusaciones en su discurso de apertura ante la CIJ la semana pasada y pidió al tribunal que «respetara la difícil situación» en la que se encuentra Israel.
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Este hecho ocurre en un momento en que Israel se enfrenta a una creciente presión internacional y nacional para que ponga fin a la guerra en Gaza.
Esta semana, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal independiente con sede en La Haya, solicitó órdenes de detención contra dirigentes de Hamas, así como contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante los ataques del 7 de octubre contra Israel y la posterior guerra en Gaza.
Las familias de los rehenes israelíes retenidos en el territorio palestino también intensificaron la presión sobre Netanyahu para que trajera a los cautivos a casa, publicando imágenes explícitas de mujeres miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel antes de ser secuestradas.
