Mientras el Departamento de Justicia se distancia de la idea del Cartel de los Soles en el juicio contra Nicolás Maduro, resurgen debates sobre el uso de herramientas legales excepcionales como el Alien Tort Statute, una ley del siglo XVIII.
Desde 2020, fiscales federales en Estados Unidos presentaron cargos penales contra Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y otros altos funcionarios venezolanos por delitos de narcotráfico y narcoterrorismo, basándose en una acusación que los vinculaba con el llamado Cartel de los Soles, una supuesta red de tráfico de drogas vinculada a altos mandos del régimen venezolano.
Te puede interesar: EE. UU. ajusta su acusación contra Nicolás Maduro y debilita la tesis del “Cartel de los Soles” en pleno proceso judicial
La acusación original señalaba a Maduro como líder de una organización estructurada llamada Cartel de los Soles. Tras años de disputa y la captura de Maduro en enero de 2026, el Departamento de Justicia reformuló parte de su imputación, reduciendo las referencias a ese “cartel” y describiéndolo ahora como un sistema de clientelismo y cultura de corrupción dentro del Estado venezolano, en lugar de una organización criminal formal con jerarquía verificable.
Especialistas en narcotráfico y derecho han señalado que el término Cartel de los Soles surgió como una expresión mediática para describir corrupción de oficiales militares (identificados por el sol en sus insignias), y no como un cartel con estructura similar a los cárteles mexicanos o colombianos. La fiscalía estadounidense parece haber aceptado esta lectura al suavizar su lenguaje en la acusación actualizada.
La eliminación de las referencias al Cartel de los Soles como entidad formal obliga a los fiscales a reinterpretar sus teorías legales en el juicio contra Maduro, enfocándose en cargos por conspiración para traficar drogas y cultura de corrupción institucional, que como categoría jurídica es más compleja de demostrar que la estructura de un cartel tradicional.
En paralelo, ha reaparecido en el discurso estadounidense la posibilidad de usar una ley histórica de 1789 conocida como Alien Tort Statute (ATS) o Alien Tort Claims Act, que otorga a los tribunales federales jurisdicción para conocer demandas civiles presentadas por extranjeros por agravios que violen el “derecho de naciones” o tratados de EE. UU.
El ATS fue promulgado como parte del Judiciary Act de 1789 para garantizar que ciudadanos extranjeros pudieran llevar ante cortes federales de Estados Unidos demandas por violaciones graves al derecho internacional, promoviendo así la armonía en las relaciones internacionales y evitando represalias diplomáticas por la falta de remedios jurídicos internos.
Aunque permaneció inactivo durante casi dos siglos, el ATS ganó relevancia desde la década de 1980 cuando se usó para casos de tortura y otras violaciones de derechos humanos (como en Filártiga v. Peña-Irala), y más tarde para demandas contra corporaciones por complicidad en abusos graves, lo que lo transformó en un vehículo jurídico de jurisdicción universal civil.
Tribunales estadounidenses y la Corte Suprema han restringido la aplicación del ATS, exigiendo que los actos alegados “toquen y concernan” a Estados Unidos para superar la presunción contra aplicación extraterritorial, y limitando ciertas demandas, como la responsabilidad de corporaciones extranjeras bajo la ATS.
La discusión jurídica alrededor de la ATS en relación con el caso venezolano refleja un interés por encontrar mecanismos legales suplementarios que permitan a víctimas o estados demandar a actores extranjeros (incluidos líderes políticos) por violaciones graves de derecho internacional, tales como participación en narcotráfico transnacional o violaciones sistemáticas de derechos humanos. La liga histórica de la ATS a violaciones de normas internacionales hace que algunos juristas consideren su posible uso para ampliar recursos legales disponibles si los cargos penales tradicionales enfrentan dificultades probatorias.
Si bien el ATS no crea por sí mismo un nuevo cargo penal, su consideración podría permitir acciones civiles complementarias en Estados Unidos contra Maduro o asociados por agravios internacionales cometidos fuera del país, siempre que se cumplan requisitos jurisdiccionales estrictos, como que el demandado esté presente o sea localizado en territorio estadounidense.
El uso de leyes como la ATS también plantea críticas de expertos en derecho internacional, porque su aplicación extraterritorial a funcionarios de otros estados puede entrar en conflicto con principios de soberanía estatal y con normas internacionales de inmunidad de altos cargos. Estas tensiones jurídicas son parte del debate más amplio sobre jurisdicción universal y la rendición de cuentas de líderes extranjeros.
La discusión sobre el Cartel de los Soles y el ATS ilustra cómo las cortes de Estados Unidos navegan entre argumentos políticos, pragmáticos y jurídicos para sostener acusaciones contra figuras como Maduro: ajustando acusaciones penales tradicionales mientras exploran o mantienen herramientas raramente usadas como la ATS para reclamar violaciones de derecho internacional, lo cual podría influir en la estrategia de litigio y los posibles recursos de las partes en el juicio.
A diferencia de casos reconocidos del ATS como Filártiga o Kadic, el debate sobre el Cartel de los Soles no se centra en una violación única y claramente definida del derecho internacional (como tortura o genocidio), sino en una combinación de narcotráfico transnacional, corrupción y presunta connivencia estatal. Estas conductas, aunque graves, no encajan automáticamente en el núcleo tradicional del ATS y requieren una construcción jurídica más compleja.
La discusión sobre la existencia o no del Cartel de los Soles como organización estructurada recuerda debates previos en los que la fiscalía estadounidense tuvo que ajustar narrativas amplias a evidencias concretas. La reciente decisión del Departamento de Justicia de suavizar esa caracterización refuerza la cautela judicial frente a construcciones conceptuales que no logran sostenerse empíricamente.
El caso de las armas de destrucción masiva en Iraq constituye un antecedente político-jurídico relevante: una narrativa sostenida por inteligencia estatal fue utilizada para justificar acciones de enorme impacto internacional, pero posteriormente se demostró que carecía de pruebas concluyentes. Ese antecedente ha dejado una huella profunda de escepticismo en tribunales y foros internacionales frente a alegaciones basadas en inferencias más que en hechos verificables.
Tanto en Iraq como en el caso del Cartel de los Soles, se observa la construcción de una narrativa que busca explicar fenómenos complejos —seguridad internacional, narcotráfico, estabilidad regional— mediante un concepto central y fácilmente comunicable. En ambos casos, el riesgo es que la narrativa preceda a la prueba, generando decisiones políticas o jurídicas difíciles de revertir.
El fracaso de la tesis de las armas de destrucción masiva ha reforzado en la judicatura estadounidense la exigencia de estándares probatorios altos, especialmente cuando se trata de hechos ocurridos en el extranjero y que pueden tener consecuencias diplomáticas. Esto explica por qué los tribunales son renuentes a aceptar teorías amplias sin evidencia directa, documentada y verificable.
Te puede interesar: Estados Unidos bombardea Caracas y captura a Nicolás Maduro y su esposa
En suma, los precedentes del ATS muestran que su uso exitoso ha estado reservado a casos con hechos claros, víctimas identificables y violaciones indiscutibles del derecho internacional. El antecedente de Iraq opera como advertencia histórica: cuando las acusaciones se apoyan más en marcos narrativos que en pruebas concluyentes, los riesgos legales, políticos y de legitimidad aumentan de forma exponencial, una lección que hoy pesa de manera significativa en el debate jurídico sobre el Cartel de los Soles y el proceso contra Nicolás Maduro.