Ricardo Roa nuevamente es centro de polémicas

Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, vuelve a ser centro de controversia, esta vez por la adjudicación de un contrato de asesoría en Estados Unidos que buscaba medir el impacto reputacional de los escándalos electorales que lo rodean en Colombia. El contrato, con un costo superior al habitual para este tipo de servicios, ha generado cuestionamientos tanto por su pertinencia como por su costo.

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Según información revelada por medios nacionales, el contrato tenía como objetivo evaluar cómo los procesos e investigaciones en curso contra Roa por su presunta participación en la campaña presidencial de Gustavo Petro podrían afectar la percepción de Ecopetrol en mercados como el estadounidense, donde cotiza en bolsa. Este tipo de contrataciones son frecuentes en empresas de esta magnitud, pero en este caso ha generado suspicacias por el momento político y empresarial que atraviesa la compañía.

Además del precio del contrato, que algunos consideran excesivo, causó inquietud la supuesta instrucción de revisar los correos electrónicos y archivos en la nube de altos funcionarios de Ecopetrol. Esta revisión habría incluido comunicaciones privadas de ejecutivos clave, lo que alimentó sospechas sobre un posible intento de monitoreo o control interno por razones distintas a las estrictamente reputacionales.

Diversos medios señalaron que fue el propio Roa quien ordenó esta revisión, lo cual, de comprobarse, podría tener implicaciones serias sobre el uso del poder dentro de una empresa estatal. Sin embargo, el presidente de Ecopetrol negó haber dado esa orden y explicó que los chequeos de seguridad digital y cumplimiento son procedimientos estándar en compañías con estándares internacionales de gobernanza.

En empresas como Ecopetrol, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, existen protocolos de vigilancia y monitoreo sobre la gestión reputacional y la protección de activos intangibles como la confianza de los inversionistas. Sin embargo, lo que genera desconfianza es que este procedimiento coincida con un momento de fuerte presión política y cuestionamientos éticos sobre la figura de Roa.

La controversia ocurre poco después de la renuncia de Mónica de Greiff a la junta directiva de Ecopetrol. Aunque en su carta de salida no señaló directamente a Roa como responsable de su decisión, es evidente que la creciente tensión al interior del gobierno corporativo de la compañía ha venido erosionando la cohesión en la junta. De Greiff era una de las voces más experimentadas dentro de este órgano y su salida es vista como una señal de alarma.

Es importante recordar que Roa ha sido cuestionado previamente por su rol en la campaña presidencial de 2022, en la que habría fungido como gerente financiero de la campaña del presidente Gustavo Petro. Aunque él niega irregularidades, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral mantienen investigaciones en curso que podrían afectar su permanencia al frente de la petrolera más importante del país.

A pesar de estos cuestionamientos, el resto de la junta directiva ha mantenido hasta ahora una posición de respaldo a Roa. En varias comunicaciones internas y decisiones estratégicas recientes, no se ha evidenciado un quiebre claro en el apoyo institucional que lo sostiene, aunque crecen los rumores sobre posibles divisiones internas.

En medio del escándalo, ha cobrado fuerza el nombre del actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, como posible reemplazo de Roa. Palma, con trayectoria en temas energéticos y sindicales, fue integrante de la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos más influyentes en el sector petrolero y que históricamente ha tenido una relación tensa con las altas directivas de Ecopetrol.

Antes incluso de conocerse este contrato controversial, ya se hablaba en círculos cercanos al gobierno sobre una posible salida de Roa y la llegada de Palma. La transición de liderazgo sería significativa, no solo por el cambio de estilo de gestión, sino por el mensaje político que implicaría poner a un exsindicalista al frente de una de las empresas más poderosas del país.

La eventual llegada de Palma podría significar un giro en la relación entre Ecopetrol y los trabajadores, así como un posible alineamiento más claro con la agenda energética del Gobierno Petro, centrada en la transición energética y la disminución de la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, sectores del mercado han advertido sobre los riesgos de politizar la gerencia de la empresa.

Por ahora, Roa permanece en el cargo, pero el ambiente alrededor suyo es cada vez más tenso e inestable. Las investigaciones judiciales siguen su curso, y tanto la oposición como sectores empresariales y medios de comunicación han pedido mayor transparencia sobre el uso de los recursos de Ecopetrol en contratos de asesoría como el mencionado.

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El escándalo también ha reactivado el debate sobre la necesidad de blindar las empresas estatales frente a intereses personales, políticos o partidistas. Ecopetrol, como empresa pública listada en bolsa, debe responder no solo al gobierno de turno, sino también a miles de accionistas y a estándares internacionales de responsabilidad corporativa.