lunes, 8 de septiembre de 2025

Secuestran a 45 militares en el Cauca en medio de una asonada atribuida a disidencias de las FARC

La situación en El Tambo continúa en desarrollo, mientras el Gobierno Nacional insiste en la liberación inmediata de los 45 militares.

En menos de una semana después de los violentos hechos en Putumayo, donde dos militares fueron atacados con gasolina por civiles tras la destrucción de un laboratorio de cocaína, la Fuerza Pública enfrenta un nuevo episodio de asonada. Esta vez, en la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo (Cauca), un grupo de 45 uniformados fue retenido por cerca de 600 personas, al parecer instrumentalizadas por la estructura ‘Carlos Patiño’, facción de las disidencias de las FARC al mando de ‘Iván Mordisco’.

El episodio ocurrió hacia las 2:00 p. m. del domingo 7 de septiembre, en el marco de la Operación Perseo, desplegada desde hace un año por el Ejército para recuperar el control del estratégico cañón del Micay, un enclave del narcotráfico en el suroccidente del país.

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De 72 a 45 militares retenidos

En un primer momento, se reportó que 72 uniformados habían sido secuestrados; sin embargo, hacia las 9:00 p. m. las autoridades confirmaron que 27 fueron liberados, quedando 45 aún privados de la libertad. Entre los retenidos se encuentran oficiales, suboficiales y soldados adscritos a la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4.

Este hecho se suma a otros recientes ataques contra las tropas: en Putumayo, dos militares resultaron gravemente heridos luego de que civiles intentaran prenderles fuego; y en Guaviare, hace dos semanas, 33 uniformados fueron retenidos por la comunidad tras la muerte de alias Dumar, jefe del bloque Amazonas.

Reacciones de las Fuerzas Militares

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, advirtió que estas acciones obedecen a una estrategia de las disidencias para manipular a la población civil y frenar las operaciones contra el narcotráfico. “La protección de nuestras tropas no es solo una responsabilidad operacional, sino un deber moral que nos compromete como Institución y como Nación”, señaló.

Tras los hechos de Putumayo, Cubides había pedido revisar las reglas de enfrentamiento para evitar que, amparados en el principio de proporcionalidad y respeto a la población civil, los soldados terminen sometidos por asonadas que favorecen los intereses de los grupos armados. Como parte del ajuste de estrategia, se ordenó reforzar la coordinación con autoridades locales y organismos de control, además de recopilar pruebas audiovisuales en cada operativo para verificar el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Posición del Gobierno

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, rechazó con contundencia la retención de los militares y calificó el hecho como un “grave delito” y una violación al Derecho Internacional Humanitario. “La instrumentalización de la población civil por parte de las disidencias constituye un delito de lesa humanidad que no prescribe y será perseguido por la justicia nacional e internacional”, aseguró.

Sánchez Suárez confirmó que una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo se trasladó a la zona para intentar mediar en la liberación de los uniformados. También anunció que ya se avanza en la identificación de los responsables, con el fin de judicializarlos.

Patrón de asonadas contra la Fuerza Pública

Según cifras oficiales, en lo corrido de 2025 se han registrado 54 asonadas contra la Fuerza Pública y cinco retenciones de militares en departamentos como Cauca, Guaviare y Nariño. La mayoría de estos hechos no ha tenido resultados judiciales.

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El 21 de junio, por ejemplo, 53 militares fueron retenidos en El Tambo, Cauca. Aunque 16 personas fueron capturadas inicialmente, cuatro días después quedaron en libertad debido a que la Fiscalía consideró que no se cumplían los requisitos de flagrancia, pues no se pudo establecer con claridad el momento ni las circunstancias en que habrían participado en la retención.

Escalada de tensión en el suroccidente

El cañón del Micay, epicentro de la actual crisis, es considerado uno de los corredores más importantes para el narcotráfico en el país, donde confluyen cultivos ilícitos, laboratorios y rutas de salida hacia el Pacífico. La ofensiva de la Fuerza Pública contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en esa región ha derivado en un recrudecimiento de la violencia y en el aumento de la presión contra los uniformados mediante la movilización forzada de la población civil.

La situación en El Tambo continúa en desarrollo, mientras el Gobierno Nacional insiste en la liberación inmediata de los 45 soldados y refuerza la presencia institucional en la zona.

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