Sindicatos de Chiquita Brands protestan en Panamá

Las protestas de los sindicatos de Chiquita Brands en Bocas del Toro, Panamá, han desencadenado una de las crisis laborales y sociales más significativas en la historia reciente del país. Lo que comenzó como una huelga sectorial se ha transformado en un conflicto nacional con profundas implicaciones económicas, sociales y políticas.

Te puede interesar: México elegirá por primera vez a sus jueces y magistrados

La huelga inició a finales de abril de 2025, cuando miles de trabajadores bananeros de Chiquita Panamá, filial de la multinacional estadounidense Chiquita Brands, se declararon en paro. Su principal demanda era la derogación de la Ley 462, una reforma al sistema de seguridad social que, según los sindicatos, eliminaba beneficios específicos en salud y pensiones para los obreros del sector bananero.

La empresa respondió de manera contundente. A finales de mayo, Chiquita Panamá despidió a aproximadamente 5,000 de sus 6,500 empleados, alegando un «abandono injustificado de labores» y reportando pérdidas superiores a los 75 millones de dólares debido a la huelga. Posteriormente, anunció el despido del resto de su personal y la salida de su equipo administrativo del país.

La provincia de Bocas del Toro, donde se concentra la producción bananera, ha sido especialmente afectada. Los bloqueos de carreteras, la escasez de productos básicos y el cierre de escuelas han generado una situación crítica. El gobierno declaró el estado de emergencia en la región y conformó una Comisión de Alto Nivel para buscar soluciones.

El presidente José Raúl Mulino ha calificado la huelga de «ilegal e ilegítima», acusando a los líderes sindicales de obstaculizar la reactivación económica de la provincia. A pesar de los intentos de diálogo, el gobierno condicionó la presentación de un proyecto de ley que restituya los beneficios laborales a la reapertura de las vías bloqueadas, lo que ha sido rechazado por los sindicatos.

La salida de Chiquita Panamá representa un duro golpe para la economía nacional. La empresa controlaba el 90% de la producción de banano en el país, y este producto representaba el 17.5% del valor de las exportaciones en el primer trimestre de 2025. La pérdida de empleos directos e indirectos podría superar las 24,000 plazas, según estimaciones de la Cámara de Comercio.

Además, la crisis ha exacerbado las tensiones sociales en Panamá. Las protestas contra la reforma del sistema de pensiones se han extendido a otros sectores, incluyendo docentes y trabajadores de la construcción. La represión policial y la criminalización de la protesta han sido denunciadas por organizaciones locales e internacionales.

El conflicto también ha tenido repercusiones internacionales. Costa Rica ha anunciado el regreso de Chiquita Brands como cliente de uno de sus puertos caribeños, lo que sugiere un posible traslado de operaciones de la empresa al país vecino.

En este contexto, los sindicatos y movimientos sociales han intensificado sus demandas, exigiendo no solo la derogación de la Ley 462, sino también la anulación de acuerdos con Estados Unidos y el cierre definitivo de la mina de cobre clausurada en 2023.

La situación en Bocas del Toro refleja un modelo económico que ha excluido a amplios sectores de la población y ha provocado un aumento de la pobreza y el desempleo. Expertos insisten en la necesidad de abrir espacios de diálogo y reformar el sistema de representación para abordar las demandas urgentes de la ciudadanía.

Por ahora, la crisis continúa sin una solución a la vista. La combinación de despidos masivos, protestas sociales y una economía en declive plantea desafíos significativos para el gobierno panameño y para la estabilidad del país en su conjunto.

Te puede interesar: La defensora de DDHH Ruth López fue detenida en El Salvador

La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos en Panamá. La resolución de este conflicto requerirá voluntad política, diálogo sincero y un compromiso real con la justicia social y laboral.