Thomas Greg pierde la Cancillería pero sigue en la Registraduría

A pesar de los recientes cambios en la elaboración de pasaportes en Colombia, la empresa Thomas Greg & Sons continuará teniendo un papel importante en los procesos logísticos del país, especialmente en lo relacionado con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aunque la Cancillería decidió prescindir de los servicios de esta empresa para la impresión de pasaportes, su presencia en otras entidades estatales se mantiene firme, lo que ha generado diversos cuestionamientos sobre su influencia en procesos públicos sensibles.

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En lo que respecta a los pasaportes, el Gobierno colombiano decidió adjudicar su elaboración a una alianza internacional conformada por la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia. Esta decisión marcó un giro significativo en el manejo de este documento clave para la identificación y movilidad de los ciudadanos, terminando una relación contractual que Thomas Greg & Sons había sostenido durante varios años con la Cancillería.

La salida de Thomas Greg del contrato de pasaportes no estuvo exenta de controversias. La excanciller Laura Sarabia, quien dejó su cargo en medio de tensiones políticas, cuestionó públicamente la manera en que se dio el cambio de operador. Sarabia expresó preocupaciones sobre la transparencia del proceso y las posibles consecuencias operativas, lo que provocó reacciones encontradas tanto en el ámbito político como administrativo.

Estas críticas no quedaron solo en el plano mediático. La Procuraduría General de la Nación anunció que abrirá una investigación formal contra Laura Sarabia y su antecesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Guillermo Murillo. Ambos exfuncionarios serán examinados por presuntas irregularidades en el manejo del contrato de pasaportes y las decisiones administrativas relacionadas. También será investigado el actual jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, cuya participación en el proceso ha sido objeto de cuestionamientos.

Mientras tanto, en el ámbito electoral, Thomas Greg & Sons continúa siendo un actor determinante. A pesar de las dudas sobre su rol en los contratos públicos, la empresa lidera nuevamente una unión temporal que fue elegida por la Registraduría para prestar los servicios logísticos en los comicios. Esta empresa ha participado activamente en la organización de elecciones en Colombia al menos desde el año 2010, lo que ha despertado tanto confianza como sospechas en diversos sectores políticos.

La elección de esta unión temporal para gestionar la logística electoral de los próximos años ha generado inquietud en algunos sectores del Gobierno. El presidente Gustavo Petro manifestó públicamente sus reservas frente a esta decisión, sugiriendo que podrían no existir plenas garantías para los procesos electorales del año 2026, en los que se elegirán, entre otros cargos, el próximo presidente de la República y los miembros del Congreso.

Las declaraciones del presidente Petro no son menores, ya que cuestionan directamente la transparencia y confiabilidad del sistema electoral colombiano. Aunque no se han presentado pruebas formales de irregularidades, su preocupación se centra en la posible concentración de poder logístico en una sola empresa privada, con vínculos históricos con distintos gobiernos anteriores.

Sin embargo, resulta llamativo que las elecciones en las que Petro resultó vencedor —como las presidenciales de 2022 y las de la alcaldía de Bogotá en 2011— también fueron organizadas con la participación de Thomas Greg & Sons. Esto plantea una aparente contradicción, ya que en esos procesos no se cuestionó públicamente la legitimidad de los resultados, al menos no por parte del hoy presidente.

Este contexto ha abierto un nuevo debate sobre el papel de las empresas privadas en la ejecución de procesos estatales, especialmente aquellos que requieren altos estándares de transparencia, como los electorales o de identificación ciudadana. La dependencia del Estado colombiano en firmas como Thomas Greg & Sons ha sido una constante en las últimas dos décadas, generando un debate sobre la necesidad de fortalecer capacidades técnicas dentro del mismo Estado.

Por otro lado, la elección de la Casa de la Moneda de Portugal e Imprenta Nacional para los pasaportes ha sido leída por algunos como un intento del Gobierno Petro de desmarcarse de las estructuras tradicionales y abrir paso a modelos más internacionalizados de contratación. No obstante, esta estrategia también ha sido criticada por los riesgos que implica depender de entidades extranjeras para servicios de seguridad nacional.

El caso también refleja la creciente tensión entre distintas ramas del poder público y los entes de control. La Procuraduría, al investigar tanto a exfuncionarios como a actuales colaboradores del presidente, pone de relieve las disputas institucionales que atraviesa el país. La politización de estas investigaciones también ha sido tema de análisis, dado que algunos consideran que podrían tener motivaciones más allá de lo estrictamente jurídico.

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El retiro de Thomas Greg & Sons del contrato de pasaportes marca un cambio importante en la política de contratación del Gobierno nacional. Sin embargo, su permanencia en los procesos electorales, sumada a las investigaciones contra figuras clave del Ejecutivo, pone en evidencia una compleja red de intereses cruzados que continuará generando controversia en los próximos meses. La transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones serán claves para enfrentar este momento de transición.