Según el senador Ariel Ávila, ponente de la reforma al Sistema General de Participaciones, se pretende descentralizar la responsabilidad del manejo de los recursos y sus ejecución.
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Según el senador Ariel Ávila, ponente de la reforma al Sistema General de Participaciones, se pretende descentralizar la responsabilidad del manejo de los recursos y sus ejecución.
La plenaria del Senado de la República aprobó por 75 votos a favor y 2 en contra el proyecto de acto legislativo 018 Senado – 437 de 2024 Cámara, destinado a fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios. Este proyecto modifica los artículos 336 y 357 de la Constitución Política sobre el Sistema General de Participaciones (SGP), afectando la distribución de recursos a nivel regional.
Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, esta es la reforma más significativa de la última década en términos sociales y políticos. El estatuto modificado por esta iniciativa establece un marco que permitirá que el Gobierno Nacional transfiera más recursos a las regiones, especialmente a las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
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El texto del proyecto se compone de solo dos artículos. El primero modifica el artículo 356 de la Constitución de 1991, que define las competencias de la Nación y de los entes territoriales, introduciendo nuevas responsabilidades fiscales para los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Esta modificación busca adaptar mejor la asignación de recursos a las necesidades de cada territorio.
El segundo artículo modifica el artículo 357, estipulando que el Sistema General de Participaciones se incrementará hasta el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación durante los próximos 12 años a partir de 2027. Este ajuste asegura que las transferencias crezcan gradualmente, lo cual es crucial para financiar los servicios esenciales que dependen de estos recursos.
Inicialmente, la propuesta sugería que el Sistema General de Participaciones alcanzara el 46,5%, pero tras negociaciones políticas, se ajustó al 39,5%. Esta concertación entre todas las bancadas permitió llegar a un acuerdo que fuera sostenible y respetara el Marco Fiscal de Mediano Plazo, diseñado para asegurar la estabilidad económica a largo plazo, según el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026.
El senador Ariel Ávila, ponente coordinador, destacó que aproximadamente 300 municipios están en crisis financiera, lo que hace esta reforma indispensable. Los nuevos recursos permitirán financiar servicios básicos como acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, salud y educación, y asegurar que las regiones más necesitadas reciban el apoyo necesario.
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Antes de que la reforma entre en vigor en 2027, el Gobierno deberá presentar una Ley de Competencias al Congreso dentro de los próximos seis meses. Esta ley especificará las responsabilidades fiscales de los entes territoriales y establecerá prioridades en la distribución de los recursos, enfocándose especialmente en cerrar las brechas en salud y educación.
El ministro del Interior agradeció al Congreso por el apoyo y subrayó que esta iniciativa forma parte del Acuerdo Nacional propuesto por el presidente Gustavo Petro. Este proyecto refleja un esfuerzo colaborativo que permitirá avanzar hacia una mayor autonomía territorial con un respaldo fiscal adecuado.
El respaldo unánime de las bancadas fue notable, lo que demuestra el compromiso de avanzar hacia una mayor descentralización con sostenibilidad fiscal. Según el ministro, esta es la reforma más importante a nivel estructural para Colombia y tendrá un impacto positivo a largo plazo.
El proyecto, que ha superado su sexto debate de los ocho requeridos por ser una reforma constitucional, pasará a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Posteriormente, se someterá a la consideración de la plenaria, lo que marcará otro paso crucial en la consolidación de esta reforma.