jueves, 3 de julio de 2025

Tribunal ordena prisión para Carlos Ramón González por presunto caso de corrupción en la UNGRD

El tribunal resaltó que Carlos Ramón González tiene vínculos estrechos con el poder político y habría usado su posición para funciones ilegales.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

González es investigado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. Aunque la Fiscalía intentó imputarle también el delito de lavado de activos, el tribunal consideró que no hay pruebas suficientes para inferir su autoría o participación en ese cargo.

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La decisión, adoptada por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, incluye una orden de captura para que González cumpla la medida de aseguramiento. Según el despacho, el exfuncionario se encontraría actualmente en Nicaragua y no cuenta con arraigo actualizado, lo que representa un riesgo de no comparecencia ante la justicia.

“Es probable que se ausente del país para evitar el ejercicio de la acción penal adelantada en su contra, entre otros motivos, dadas las penas tan altas a las que se podría enfrentar en caso de ser vencido en juicio”, se lee en el fallo.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, González habría sido el articulador de un esquema de corrupción que buscaba comprar apoyo legislativo mediante millonarias dádivas a los entonces presidentes del Congreso: Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara de Representantes).

Según el ente acusador, González solicitó al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, entregar contratos por $60.000 millones a Name y $ 10.000 millones a Calle, con el objetivo de asegurar respaldo a los proyectos del Gobierno en el Congreso. Posteriormente, ante la supuesta urgencia manifestada por los congresistas, se habrían ofrecido sumas en efectivo: $ 3.000 millones para Name y $ 1.000 millones para Calle.

La Fiscalía sostiene que los pagos se acordaron el 25 de septiembre de 2023, durante una reunión organizada por la entonces consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Ese mismo día, el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, habría entregado el dinero a Calle.

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El delito de peculado está vinculado al direccionamiento de recursos provenientes de un contrato para la entrega de carrotanques en La Guajira. La Fiscalía alega que González ordenó destinar $4.000 millones de ese contrato para pagar coimas, a través del empresario Luis Eduardo López Rocero, con quien se habría pactado una comisión del 14 %.

El tribunal resaltó que González tiene vínculos estrechos con el poder político y que, pese a su trayectoria pública, habría usado su posición para afectar la función legislativa con fines ilegales. La medida busca garantizar su comparecencia ante el proceso penal en curso.

La defensa del exfuncionario aún no se ha pronunciado sobre la decisión.

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