En un movimiento más grande que el realizado en 2020, Donald Trump ordenó un despliegue militar en el mar Caribe sur con miras a combatir el narcotráfico.
viernes, 15 de agosto de 2025
En un movimiento más grande que el realizado en 2020, Donald Trump ordenó un despliegue militar en el mar Caribe sur con miras a combatir el narcotráfico.
El 14 de agosto de 2025, Estados Unidos inició el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el mar Caribe sur, en lo que se considera una de las mayores demostraciones de poder militar en la región.
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Según fuentes oficiales, esta operación responde a amenazas provocadas por cárteles latinoamericanos, que el gobierno de Trump ha catalogado como organizaciones terroristas globales.
Entre los grupos señalados están el cartel de Sinaloa (México) y el Tren de Aragua (Venezuela), cuya etiqueta facilita acciones más agresivas por parte de agencias de seguridad y el uso del ejército.
Esta estrategia se enmarca dentro de la política “América primero” impulsada por Trump. El objetivo es reforzar la seguridad nacional en materia de narcotráfico y control de la frontera sur, vinculándola a temas de migración.
Desde su despacho, Trump ya ordenó al Pentágono opciones para actuar militarmente contra los cárteles, incluyendo operaciones de fuerzas especiales, inteligencia y ataques selectivos.
La Casa Blanca también amplió el monitoreo aéreo sobre territorios mexicanos y venezolanos, buscando prevenir envíos de drogas hacia EE. UU., soportado por barcos de guerra ya desplegados en la zona.
Las reacciones regionales no se hicieron esperar. El presidente venezolano Nicolás Maduro criticó públicamente esta medida como una provocación, denunciando injerencias y comparando la situación con la Doctrina Monroe.
Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro calificó el despliegue como una violación del derecho internacional, afirmando que un ataque a Venezuela debería considerarse un ataque a América Latina y el Caribe.
Rubros migratorios y de seguridad también están en juego: el endurecimiento militar podría significar deportaciones aceleradas y mayor presión contra inmigrantes, dada la participación de agencias como ICE en la región.
Políticamente, el paso subraya un retorno del intervencionismo militar en la región, afectando la soberanía de los países implicados y estimulando reacciones de repudio por parte de gobiernos alineados con el ALBA o BRICS.
En contrapartida, EE. UU. busca consolidar su influencia mediante cooperación en seguridad con aliados caribeños, especialmente Guyana y Surinam, en medio de tensiones territoriales con Venezuela.
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El despliegue en el Caribe representa un giro drástico en la política estadounidense hacia América Latina, con efectos complejos sobre la seguridad regional, migración, alianzas diplomáticas y la soberanía frente a políticas unilateralistas.