En particular, los exFarc critican que las conductas imputadas, como anticoncepción forzada o abortos sin consentimiento.
miércoles, 9 de julio de 2025
En particular, los exFarc critican que las conductas imputadas, como anticoncepción forzada o abortos sin consentimiento.
A pesar de haber aceptado públicamente el reclutamiento de más de 18.000 menores durante el conflicto armado, el último secretariado de las extintas Farc presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una respuesta de 453 páginas en la que cuestiona y justifica varios de los señalamientos en su contra dentro del macrocaso 07 sobre reclutamiento forzado de menores.
El documento fue entregado por los exjefes guerrilleros Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra, a través de su defensa. En él, rechazan buena parte de la imputación hecha por la Sala de Reconocimiento de Verdad, especialmente los cargos relacionados con crímenes de guerra como violencia sexual, abortos forzados y tortura.
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“La ausencia de una definición clara y homogénea del término permite una interpretación relativista (…) sin realizar ejercicios contrastivos ni análisis de contexto”, señalan en el texto, al tiempo que acusan a la JEP de aplicar criterios supuestamente arbitrarios y sesgados en la evaluación de los testimonios e informes.
En particular, critican que las conductas imputadas, como anticoncepción forzada o abortos sin consentimiento, fueron interpretadas desde un “sesgo de confirmación”, ignorando —según su versión— el contexto funcional, sanitario y operativo de dichas prácticas dentro de una estructura insurgente.
Los exjefes de las Farc insisten en que no hay evidencia suficiente que pruebe la existencia de órdenes o directrices sistemáticas para el reclutamiento de menores, y ponen en duda la representatividad de los más de mil testimonios recopilados por la JEP. Alegan que muchas de las decisiones cuestionadas respondían a una lógica de “protección de las madres, los hijos y la seguridad de las familias guerrilleras”, en medio de las difíciles condiciones del conflicto.
Entre los argumentos presentados, destacan que la crianza de niños en zonas de guerra era inviable, que las madres gestantes enfrentaban riesgos elevados, y que la presión de fuerzas estatales o paramilitares hacía peligrosa cualquier salida del campamento para dar a luz. También afirman que existía un sistema propio de salud clandestino, con atención médica especializada, y que conductas como el baño colectivo no respondían a motivaciones sexuales ni eran prácticas ordenadas desde la comandancia.
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Si bien los excomandantes reconocen el reclutamiento de menores como una política de facto, insisten en que no fue una política ordenada oficialmente. No obstante, niegan haber incurrido en delitos como tortura, esclavitud y violencia sexual, lo que podría configurar una aceptación parcial ante la JEP.
Actualmente, la Jurisdicción Especial para la Paz analiza la respuesta y evalúa si esta posición es suficiente para mantener a los excomandantes dentro del sistema transicional o si, por el contrario, deben ser remitidos a juicio por no asumir plenamente su responsabilidad frente a los crímenes imputados.