El presidente Gustavo Petro anunció la declaración de un día cívico el martes 18 de marzo, con el propósito de facilitar la participación en las marchas en favor de sus reformas sociales. Sin embargo, la medida ha generado una fuerte división en el ámbito político y regional, ya que varios alcaldes y gobernadores han manifestado su rechazo, asegurando que no detendrán las actividades laborales ni educativas en sus territorios.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien confirmó que la administración municipal trabajará con normalidad y que servicios esenciales como salud, educación y las empresas públicas seguirán operando. “Tenemos una gran responsabilidad con Medellín. No hay mejor política social que generar empleo. Seguiremos trabajando”, expresó en sus redes sociales.

También puedes leer: Gobierno nacional entregó nuevo edificio administrativo a la UPN

En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó la medida del día cívico y reafirmó su compromiso con la productividad. “Esperemos que, vía decreto, no se nos imponga un día de vagancia. Ese día estaremos entregando obras clave, como parte del intercambio vial del aeropuerto internacional”, señaló.

Reacciones en distintas regiones por día cívico

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, también rechazó la propuesta, asegurando que la ciudad debe mantener sus servicios ciudadanos activos. “Garantizaremos el derecho a la protesta, pero no nos acogeremos al decreto”, afirmó.

En Cartagena, el alcalde Dumek Turbay indicó que las actividades continuarán con normalidad, aunque se garantizará el derecho a la manifestación. Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que no considera necesario el día cívico, pero permitirá que los funcionarios que deseen marchar lo hagan con los permisos adecuados.

Te puede interesar: Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con productores arroceros

Entretanto, congresistas de la oposición han instado a los alcaldes de Bogotá y Cali a rechazar la medida. La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, envió un mensaje al alcalde Carlos Fernando Galán para que no se sume a la iniciativa. Hasta ahora, Galán no ha emitido una posición oficial.

El decreto presidencial tiene como objetivo garantizar que los trabajadores puedan participar en las movilizaciones del 18 de marzo sin temor a represalias laborales. No obstante, la negativa de varios mandatarios locales refleja las tensiones políticas que rodean la convocatoria.

Mauricio Vanegas

Comunicador Social y Periodista egresado de la Universidad Central con experiencia en el cubrimiento de eventos deportivos y orden público.