La muerte confirmada de 15 menores de edad en bombardeos de las Fuerzas Militares en Guaviare, Amazonas y Arauca desató una tormenta política contra el Gobierno de Gustavo Petro. La Defensoría pidió cesar las operaciones, ante lo cual Petro se negó.
El presidente Gustavo Petro entregó un balance consolidado sobre los recientes bombardeos realizados por las Fuerzas Militares contra estructuras de las disidencias de las FARC en los departamentos de Amazonas, Guaviare y Arauca. Según el mandatario, estas operaciones eran necesarias para enfrentar lo que calificó como “una ofensiva criminal coordinada” del Estado Mayor Central, pero reconoció que se registraron muertes de menores de edad en los ataques.
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Medicina Legal corroboró la información y confirmó que, en total, 15 menores de edad murieron en cuatro operaciones militares desde octubre: Tres en El Retorno, Guaviare; cuatro en Puerto Santander, Amazonas; siete en Itilla, Guaviare; y uno en Arauca. Los informes preliminares indican que se trataba de adolescentes que habían sido reclutados forzosamente por las disidencias, aunque su condición de combatientes ilegales no elimina la protección reforzada que reciben bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El Gobierno argumentó que las disidencias estaban utilizando campamentos móviles y zonas selváticas de difícil acceso como centros de entrenamiento, lo que aumentaba el riesgo operativo. Aun así, los hallazgos sobre la presencia de menores reabrieron un debate nacional sobre los límites y responsabilidades del Estado en operaciones ofensivas.
Petro defendió su decisión asegurando que las operaciones se realizaron bajo información de inteligencia que indicaba inminentes ataques contra tropas en terreno. Según él, la prioridad era “evitar masacres contra soldados”, aunque reconoció el riesgo de que la información “no siempre pueda ser absolutamente precisa”.
El presidente también afirmó que, aunque lamenta profundamente la muerte de los menores, el Estado no puede renunciar a perseguir a grupos que reclutan niños y los integran en estructuras armadas. Sin embargo, su postura generó divisiones incluso dentro del oficialismo, donde algunos sectores reclamaron un enfoque más garantista para evitar nuevas víctimas.
Organizaciones de derechos humanos y analistas en DIH reaccionaron con dureza al balance del Gobierno. Señalaron que, aun cuando los menores participen en hostilidades, el Estado está obligado a extremar precauciones y minimizar riesgos contra personas protegidas. Varias ONG advirtieron que los bombardeos podrían constituir violaciones graves si no se demuestra que se aplicaron estrictamente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
La controversia escaló al Congreso, donde diferentes sectores, especialmente de centro, impulsan una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Lo acusan de autorizar operaciones con altos riesgos para población vulnerable y de mantener una política de bombardeos que contradice el discurso social y humanista del Gobierno.
Pedro Sánchez, por su parte, defendió las operaciones argumentando que las disidencias han incrementado el reclutamiento infantil como estrategia para dificultar la acción estatal. Señaló que aquellos menores que participan directamente en hostilidades “pierden protección como civiles”, aunque insistió en que la orden siempre es evitar su muerte.
La situación llevó a la Fiscalía Penal Militar a abrir una investigación para determinar si las operaciones cumplieron con las normas del DIH. Se indaga la veracidad de los informes de inteligencia, la cadena de mando, la evaluación del riesgo y si existieron alternativas menos letales que no fueron consideradas.
En medio de la controversia, la defensora del Pueblo, Iris Marína, pidió al Gobierno suspender temporalmente los bombardeos en zonas donde se sospeche la presencia de menores. Argumentó que el impacto humanitario está alcanzando niveles alarmantes y que el Estado debe privilegiar métodos de precisión y captura antes que ataques aéreos.
Sin embargo, Petro rechazó la propuesta de la Defensoría. Aseguró que suspender los bombardeos equivaldría a “entregarles ventaja militar” a las disidencias y pondría en riesgo la vida de comunidades y tropas. El presidente insistió en que la responsabilidad principal recae en quienes reclutan menores, no en las fuerzas estatales que los enfrentan.
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El balance, lejos de cerrar el debate, profundizó la fractura sobre la política de seguridad del Gobierno. Con 15 menores muertos y presión creciente desde la comunidad internacional, el Congreso, las ONG y la opinión pública, el Ejecutivo enfrenta uno de sus momentos más complejos: definir si mantiene su estrategia militar ofensiva o inicia una revisión profunda del uso de bombardeos en escenarios donde se mezclan combatientes y víctimas del reclutamiento forzado.