Así sería la nueva ley de financiamiento

Aunque era algo esperado, pero en medio de críticas, se presentó una nueva ley de financiamiento. El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, indicó que con esta nueva reforma tributaria se busca estimular la reactivación económica y la transición energética a través de nuevas fuentes de tributación. El gobierno nacional es optimista y considera que esta nueva ley logrará obtener los 12 billones de pesos del déficit que tiene el Presupuesto General de la Nación.

Según el Ministerio de Hacienda, esta nueva ley tiene 3 ejes fundamentales: Estímulos a la reactivación económica; identificación de nuevas fuentes de ingreso tributario; y traer la vigencia de la Regla Fiscal del 2026 al 2025, además de incorporar la denominada Regla Fiscal Verde.

La expectativa de esta ley de financiamiento es poder recaudar 6 billones de pesos con nuevas formas de tributación. Además al traer la Regla Fiscal del 2026 al 2025, se podrían recaudar otros 5.6 billones de pesos.

Uno de los temas controversiales es la diferenciación entre dineros productivos e improductivos. Para el Ministro de Hacienda, todo lo que no sea productivo se debe considera como improductivo y por tanto debe pagar impuesto al patrimonio. Bonilla considera que una limpieza de los activos de todas las actividades económicas facilitarían el crecimiento de la productividad del país.

Estímulos económicos

Esta nueva ley de financiamiento brindaría estímulos a empresas, pero no a las que se dediquen a actividades extractivistas. Facilitaría el crédito desde el Fondo Nacional del Ahorro para reparaciones de viviendas sin hipotecas. Buscará equilibrar los impuestos de los juegos de azar presenciales con los que se realizan a través de las plataformas. Relacionado con ese tema, las ganancias ocasionales tendrán un aumento del 10 al 15% en tributación. Para las rifas y apuestas pasaría del 20% al 25%. La renta para personas naturales de mayores ingresos aumentaría. Este grupo comprende las personas con ingresos anuales superiores a 1.459 millones de pesos.

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Con respecto a los estímulos a la reactivación económica, la idea es realizar una reducción progresiva de la tasa nominal del impuesto a la renta corporativa que no aplica al sector extractivista. Es decir, que a partir de 2025, empresas que rentas líquidas gravables de hasta 6.285 UVT (aproximadamente 296 millones de pesos), tendrán una tarifa del 27% sobre la renta. La medida beneficiaría a 563.705 empresas, el 91% de las que tiene el país. En el caso de las empresas que superen ese nivel de rentas líquidas pero que lleguen a las 120.000 UVT(aproximadamente 5.648 millones) tendrán una tarifa del 34% que irá bajando gradualmente hasta el 2029 para llegar al 30%.

También se espera ofrecer estímulos al financiamiento y apoyo de las energías renovables y al desarrollo del turismo en municipios de menos de 200.000 habitantes. Se proponen beneficios a los vuelos a sitios donde no han acceso terrestre como los antiguos Territorios Nacionales. Tras las discusiones con el sector camionero, se hará una reducción del IVA al proceso de renovación del parque automotor de los transportadores de carga, siempre y cuando este implique el cambio a tecnologías que estén relacionadas con la transición energética.

Opción Tarifaria y Regla Fiscal Verde

Aparece también la denominada «opción tarifaria«, en la cual el Gobierno Nacional asumiría las deudas de los usuarios de energía eléctrica de los estratos 1,2 y 3.

Un cambio interesante es el que tiene que ver con los vehículos híbridos. Estos perderían las exenciones ya que según el Ministerio de Hacienda estos vehículos no están contribuyendo a la transición energética ya que son grandes consumidores de gasolina. Pasarían a pagar un IVA del 5% al 19%. Los vehículos totalmente eléctricos se mantendrán en el 5% de IVA.

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El tema de la Regla Fiscal Verde, se refiere a que el Gobierno Nacional tenga la posibilidad de acceder a sistemas de crédito para financiar proyectos ambientalmente sostenibles. Estos proyectos están en fase de identificación y no clasificarían dentro de los de la deuda de la Regla Fiscal.

También se esperaría mejorar la capacidad de gestión de la DIAN, intentando tener mayor control en el recaudo, en especial para aquellos que hace retención en la fuente y no entregan esos dineros al erario público. Se incluirían nuevas sanciones para los evasores y para aquellos que realizan falsas denuncias.