Iris Marín, quien si bien respaldó los esfuerzos por alcanzar una paz urbana, cuestionó el tratamiento de “honra y distinción” dado a personas responsables de graves crímenes.
miércoles, 25 de junio de 2025
Iris Marín, quien si bien respaldó los esfuerzos por alcanzar una paz urbana, cuestionó el tratamiento de “honra y distinción” dado a personas responsables de graves crímenes.
La presencia de nueve excapos condenados durante un acto público encabezado por el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra, centro administrativo de Medellín, sigue generando reacciones de rechazo desde distintos sectores. La más reciente proviene de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien si bien respaldó los esfuerzos por alcanzar una paz urbana, cuestionó el tratamiento de “honra y distinción” dado a personas responsables de graves crímenes.
El evento, realizado el pasado sábado 21 de junio, fue presentado por el Gobierno como un acto “por la Paz Urbana”. En él se expusieron avances de los diálogos con estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, como parte de la estrategia de “paz total”. La polémica se encendió cuando se conoció que nueve excapos, hoy recluidos en la cárcel de Itagüí, fueron trasladados al lugar del evento y aparecieron junto al presidente y varios altos funcionarios del gabinete.
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Entre los asistentes al acto estuvieron los ministros de Educación, Defensa, Trabajo, Justicia e Interior, así como la directora del Dapre, Angie Rodríguez. El presidente Petro, en su intervención transmitida como alocución presidencial, indicó que se revisarán con la Fiscalía posibles beneficios jurídicos para estos negociadores, en caso de que se comprometan al cese total de actividades delictivas.
El evento también fue cuestionado por el uso de recursos públicos, ya que, según versiones extraoficiales, se habrían destinado fondos para el transporte, logística y alimentación de los asistentes, muchos de los cuales llegaron desde distintas regiones del departamento.
Líderes políticos como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria condenaron la aparición pública de los excabecillas. A este rechazo se sumó la defensora del Pueblo, quien advirtió que si bien la paz urbana es un objetivo legítimo, su construcción debe estar enmarcada en el respeto al Estado de Derecho.
“La paz urbana debe avanzar con pasos concretos. Reiteramos nuestra disposición para trabajar con las autoridades municipales y nacionales, en favor de una paz que respete los derechos de las víctimas”, afirmó Iris Marín. Y agregó: “Los responsables de crímenes graves no pueden tener un lugar de honra; deben comparecer ante la ley y someterse plenamente a ella”.
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La defensora también expresó preocupación por lo que calificó como una confrontación política entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín, que, según dijo, “no debería tener lugar en una ciudad que necesita soluciones integrales”.
El evento ocurre mientras el Gobierno alista una nueva versión de la Ley de Sometimiento, luego de que el primer proyecto fuera archivado en 2023 sin debate. La nueva iniciativa, conocida como “Sometimiento 2.0”, sería presentada en la próxima legislatura, aunque aún no se conocen detalles concretos de su contenido.
Pronunciamiento de la Defensora del Pueblo, @MarnIris, sobre el acto del presidente de la República en La Alpujarra, el pasado sábado:
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 24, 2025
1. La paz urbana es un camino positivo y necesario. La criminalidad organizada causa tanto daño como la del conflicto armado y debe atenderse,… pic.twitter.com/aTmTJpDQs5