La Defensoría del Pueblo planteó una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional y a los actores del sistema.
miércoles, 5 de noviembre de 2025
La Defensoría del Pueblo planteó una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional y a los actores del sistema.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó este miércoles (05-11-2025) un informe nacional sobre el acceso a medicamentos en Colombia, en el que alertó sobre una crisis creciente en la prestación del servicio y un preocupante aumento en el número de tutelas interpuestas por los ciudadanos para poder acceder a sus tratamientos médicos.
El estudio, elaborado por la Delegada para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de la entidad, expone un deterioro progresivo en la garantía del derecho a la salud. Según los datos revelados desde Barranquilla, las tutelas en este ámbito pasaron de 92.372 en 2021 a 156.357 en 2022, y 265.173 en 2024. Para 2025, la proyección es aún más crítica: 314.658 tutelas podrían presentarse al cierre del año.
También puedes leer: Capturado alias ‘Drácula’, presunto jefe de milicias del ELN en el Catatumbo
De acuerdo con el análisis, más de un millón de tutelas han sido interpuestas desde 2020, de las cuales el 36,8 % se relaciona directamente con la entrega tardía o negación de medicamentos e insumos médicos. Entre enero y agosto de 2025, la Defensoría acompañó 18.451 acciones judiciales; la mitad de ellas por negación del servicio, un 32 % por atención inoportuna y un 7 % específicamente por falta de suministro de medicamentos esenciales.
«Este es un diagnóstico que busca contribuir al debate público. No se trata de señalar, sino de construir soluciones mediante el diálogo”, señaló Marín Ortiz durante la presentación del informe en la Universidad de la Costa.
La Defensora destacó que la Superintendencia Nacional de Salud también reportó un incremento del 34,2 % en los reclamos por acceso a medicamentos entre 2024 y 2025, alcanzando cerca de 685.000 quejas, la mayoría por fármacos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
El 28 % de todas las quejas radicadas en 2025 corresponde a la entrega inoportuna o negación de medicamentos, y se prevé que al finalizar el año se superen los dos millones de reclamos en total.
En la Defensoría, las quejas relacionadas con salud también crecieron: 35.000 reportes entre 2022 y 2025, un 32 % más que el año anterior. Solo en los primeros ocho meses de 2025 se registraron 28.000 quejas, y se estima que la cifra podría cerrar el año en más de 42.000.
Una encuesta aplicada por la entidad a 3.449 usuarios en puntos de dispensación arrojó que el 90 % no recibió o recibió de forma parcial y tardía sus medicamentos. Sin embargo, tras hacer seguimiento a 1.798 casos, el 48 % logró ser resuelto entre uno y tres meses después.
El informe también advierte sobre el aumento del gasto de bolsillo —el dinero que los pacientes deben pagar directamente para adquirir sus medicamentos— como consecuencia de la falta de disponibilidad.
Los departamentos más afectados son Guaviare (35,6 %), Arauca (35,1 %), Putumayo (26,6 %), Tolima (25,6 %) y Huila (25,09 %).
Según el documento, muchas personas se ven obligadas a destinar entre el 10 % y hasta más del 90 % de sus ingresos para garantizar la continuidad de sus tratamientos, especialmente en zonas rurales o apartadas.
«La situación actual es más grave que cuando se profirió la sentencia T-760 de 2008. Hoy persisten problemas estructurales en la cadena logística y financiera del sistema de salud”, advirtió Marín Ortiz.
El análisis de la Defensoría identifica varios factores que están afectando el acceso a medicamentos. En primer lugar, la entidad señala déficits en la capacidad de prestación de servicios farmacéuticos en buena parte del país, especialmente tras los cambios en los gestores farmacéuticos de EPS intervenidas.
Te puede interesar: La Comisión de Disciplina Judicial investiga presuntas irregularidades del Juzgado de Barranquilla en el caso de Emilio Tapia
Asimismo, se reportan barreras administrativas que interrumpen la continuidad de tratamientos, falta de transparencia en los flujos financieros entre EPS, hospitales y gestores, y retrasos en los pagos, lo que afecta la disponibilidad de medicamentos.
Otro punto crítico es la “distorsión de la cadena de suministro”, que ha desplazado la venta de medicamentos comunes hacia farmacias privadas, mientras que el canal institucional se concentra en productos de alto costo, generando inequidad en el acceso.
La Defensoría del Pueblo planteó una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional y a los actores del sistema, entre ellas:
«Superar esta crisis exige una mirada integral, diálogo constructivo y compromiso de todos los actores del sistema. No podemos permitir que el derecho a la salud dependa de una tutela”, concluyó la Defensora del Pueblo.
#EnVivo | Comienza la Audiencia Defensorial sobre el Informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia.”
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 5, 2025
El derecho a la salud en el país enfrenta una problemática estructural que, para 2025, se ha vuelto más crítica y… pic.twitter.com/HaUUxX13L9