La reciente operación militar contra las disidencias de Iván Mordisco en Guaviare, que dejó varios menores de edad muertos según la Defensoría y Medicina Legal, desató una tormenta política que incluye críticas del Congreso, una moción de censura contra el ministro de Defensa y defensas públicas del presidente Gustavo Petro.
El pasado 10 de noviembre, las Fuerzas Militares colombianas llevaron a cabo un bombardeo en Guaviare dirigido contra la disidencia del Estado Mayor Central (EMC), liderada por alias Iván Mordisco. Según el Ministerio de Defensa, la operación buscaba neutralizar estructuras armadas que representan una amenaza para la seguridad en la región.
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Poco después del ataque, la Defensoría del Pueblo afirmó que al menos siete menores de edad murieron en la acción. Según su comunicado, estos adolescentes habrían sido reclutados por la disidencia y no deberían haber sido blanco directo de un bombardeo.
La entidad también advirtió que, aunque esos menores hayan sido reclutados, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) exige máxima precaución en este tipo de operaciones y limita el uso de la fuerza para evitar daños a personas protegidas.
Según los reportes, 25 disidentes quedaron “neutralizados” tras 72 horas de combates, lo que incluye muertos, capturados y sometidos. Medicina Legal confirmó acerca de los menores, que eran 4 del sexo femenino y 3 del sexo masculino.
En su defensa, el presidente Gustavo Petro justificó el bombardeo alegando que la operación era necesaria para evitar una emboscada a una patrulla militar: “Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, afirmó en sus redes.
Petro reconoció “el riesgo” de que la inteligencia fallara y advirtió que en operaciones como esta “puede caer sobre personas menores de edad”: “Ese es el gran riesgo que solo el presidente asume”, dijo.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que en la operación en Guaviare, se siguieron las indicaciones del primer mandatario y que cumplieron los protocolos del Derecho Internacional Humanitario.
El polémico episodio ha generado una fuerte reacción política: varios congresistas anunciaron una moción de censura contra el ministro de Defensa por las muertes, acusándolo de permitir violaciones al DIH.
La representante Katherine Miranda, del Partido Verde, fue especialmente crítica: apuntó que la decisión del gobierno contradice su discurso pacifista y cuestionó la inteligencia del Ejército al permitir la presencia de menores en el campamento.
La Defensoría del Pueblo insistió en que aunque estos menores hayan sido reclutados, no pierden su derecho a una protección reforzada según las normas internacionales y criticó que se haya priorizado la acción militar sin explorar alternativas menos letales.
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En síntesis, el bombardeo en Guaviare ha reabierto el debate sobre la política de seguridad del Gobierno de Petro, mezclando dilemas sobre reclutamiento infantil, uso de fuerza militar, responsabilidad política y la tensión entre combatir estructuras armadas y proteger derechos fundamentales.