No se trata únicamente de erradicar los cultivos de coca, se trata de una política que sigue fallando sin importar el gobierno.
No se trata únicamente de erradicar los cultivos de coca, se trata de una política que sigue fallando sin importar el gobierno.
Recientemente se publicó una entrevista al embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, y allí hablaba del aumento de los cultivos de coca en el país y la falta de políticas claras sobre este tema tan espinoso y controversial a nivel mundial.
Según el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), septiembre de 2023, para el año 2022 los cultivos de coca y la producción potencial de cocaína alcanzaron un pico todavía más histórico. Hubo un aumento de 12 % en el área cultivaba en el país, lo cual es bastante preocupante, aunque el aumento es menor al que se dio en el periodo entre 2020 y 2021 (43 %).
Es de recordar que el panorama de 2023 todavía no se conocerá, ya que el informe normalmente se publica en la segunda mitad del año.
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Siguiendo con el informe, se señala que los departamentos con mayor aumento de cultivos de coca en 2022 fueron Caquetá y Putumayo. Pero los cultivos también aumentaron exponencialmente en algunos municipios, especialmente los ubicados en el Urabá Antioqueño como lo son Turno y Apartadó.
El aumento en el municipio de Apartadó fue de un 80 %, pero el total de hectáreas fue solamente de 3.5 %, mientras que en Turbo, el aumento de cultivos fue del 96 % y de hectáreas de 84. Una escala mucho menor que municipios como Tibú y Tumaco, donde hay más de 20.000 hectáreas de coca.
De otra parte, los municipios que tradicionalmente han concentrado más cultivos se mantuvieron estables o se redujeron, particularmente en el Catatumbo, y esta reducción puede reflejar la ya reconocida tendencia a la baja en los precios de la hoja de coca, lo que ha llevado a los grupos a instar a los campesinos a no cultivar.
Sin embargo, en municipios como Tibú y Tumaco, en 2023, se redujeron los homicidios, lo cual podría ser una esperanza en que algunos de los esfuerzos de focalización en estas zonas puedan dar frutos, si bien en un contexto lento y complejo, pero con alguna esperanza.
Según la Política Nacional de Drogas, publicada el año anterior, la estrategia del Gobierno Nacional es dar oxigeno a los cultivadores de coca para sustituir los cultivos y transitar hacia economías licitas. La meta propuesta es reducir un total de 90.000 hectáreas de coca para 2026, 69.000 voluntariamente y 23.000 a través de erradicación forzada en áreas de cultivo industrial.
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Según el observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, en el 2023 se erradicaron manualmente 20.324 hectáreas de coca, una reducción marcada respecto de 2021 (103.257 hc) y 2022 (68.893 hc), pero alineada con el cambio de política y las metas propuestas por el gobierno.
Pero enfocarse en eliminar cultivos de coca no sirve para reducir el mercado ilegal o mejorar las condiciones de los territorios afectados. Erradicar solamente sirve para mostrar resultados, pero no una verdadera estrategia para dejar de cultivar.
Este es el gran desafío del gobierno Petro, lograr mantener la erradicación voluntaria y focalizada y sobre todo que se logre mejorar las condiciones de seguridad y economía en zonas de cultivos.
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