La defensora del Pueblo instó al Gobierno a preservar el protagonismo de las víctimas en la construcción de la memoria histórica.
La defensora del Pueblo instó al Gobierno a preservar el protagonismo de las víctimas en la construcción de la memoria histórica.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expresó fuertes críticas a la propuesta del Gobierno Nacional que plantea la participación de exjefes paramilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los procesos de verdad y, eventualmente, en escenarios políticos.
Durante una declaración pública, Marín advirtió que esta iniciativa podría instrumentalizar la justicia transicional y poner en riesgo los principios de reparación, verdad y justicia que deben guiar la atención a las víctimas del conflicto armado.
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«Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo: el de utilizar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz», afirmó la defensora.
La funcionaria también alertó sobre la falta de supervisión judicial en los procedimientos administrativos contemplados por el Ejecutivo, lo que, a su juicio, podría derivar en nuevos episodios de revictimización. Además, cuestionó la posibilidad de que las víctimas se conviertan en un “escenario político”, mientras se manipula el calendario electoral con la publicación selectiva de información.
«Cuando el ministro afirma que, abro comillas, ‘es mejor que se sepa qué bandido está siendo candidato’, cierro comillas, mezcla dos dimensiones distintas: la justicia y la política. Esa confusión debilita la legitimidad del proceso de verdad», enfatizó Marín.
La Defensoría del Pueblo instó al Gobierno a preservar el protagonismo de las víctimas en la construcción de la memoria histórica, advirtiendo que el enfoque no puede centrarse únicamente en las voces de los victimarios.
Las declaraciones de la defensora se producen pocos días después de que el presidente Gustavo Petro reactivara la designación de 16 exjefes paramilitares como gestores de paz, luego de que estos renunciaran masivamente a la mesa de diálogo con el Gobierno a finales de septiembre.
Los exlíderes de las AUC habían suspendido su participación por diferencias con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y con los delegados María Paz Lara y Álvaro Jiménez, jefe negociador con el Clan del Golfo. En una carta pública, los desmovilizados señalaron desacuerdos sobre los avances del proceso y la falta de garantías.
Pese a ello, el Ejecutivo expidió una nueva resolución que ratifica su nombramiento como gestores de paz, lo que implica la reactivación formal de la mesa de negociación.
Entre los designados figuran reconocidos exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias ‘Jorge 40’) y Carlos Mario Jiménez (alias ‘Macaco’). Otros antiguos comandantes, como Ever Velosa (‘HH’) y Ramón Isaza, decidieron apartarse del proceso desde mayo pasado.
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El presidente Petro había anunciado en un evento en Montería la intención de revivir la mesa de negociación con exintegrantes de las AUC, como parte de su política de “paz total”. El objetivo, según el Gobierno, es completar el proceso inconcluso de desmovilización iniciado durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Sin embargo, la reactivación del diálogo ha generado críticas en distintos sectores políticos y sociales, que consideran que la participación de antiguos jefes paramilitares en asuntos de justicia y política podría poner en entredicho los principios éticos y jurídicos de la paz.
Por ahora, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de que cualquier mecanismo de verdad y reconciliación mantenga el enfoque en las víctimas, garantice el control judicial y evite que los procesos de reparación sean utilizados con fines electorales o de legitimación política.
Este fin de semana el Gobierno expuso una propuesta relacionada con la participación de exintegrantes de las AUC en procesos de verdad y su posible incidencia en elecciones, en la que se comenta la Resolución 327 de 2025.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 6, 2025
El planteamiento entrelaza la verdad de los… pic.twitter.com/MKzKGTKPD3