Para muchos periodistas informar en Ecuador se ha convertido en un tema de vida o muerte y durante el año 2023 ya han sido nueve los comunicadores que han tenido que salir del país por culpa de las amenazas contra sus vidas durante sus respectivas investigaciones.
Entre enero y octubre de este año, la organización Fundamedios ha registrado 219 alertas de agresiones contra periodistas y medios de comunicación en Ecuador. En medio de las elecciones presidenciales del pasado mes de octubre se dio la mayor cantidad de alertas y, además, tres exilios.
En todos los casos hay algo en común; los periodistas no pueden denunciar las amenazas, ni siquiera pueden pedir seguridad a la Policía porque existen evidencias suficientes para creer que algunos uniformados están involucrados con el crimen organizado en Ecuador.
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Tampoco se confía en el sistema de justicia ecuatoriano, ni mucho menos en las demás instituciones del Estado, que hasta el momento han impedido que se esclarezca hechos como el crimen del equipo periodístico del diario El Comercio, ocurrido en 2018 en la frontera norte.
“Nos han obligado a ser un medio de comunicación musical. Hemos tenido que bajar la línea editorial, tenemos que ser light, y eso también nos quita sintonía y merma las finanzas”, señaló ‘María’, periodista que tiene una radio de frecuencia abierta en la Amazonia y ha sido amenazada.
La última amenaza a ‘María’ fue la más contundente según narra la profesional. Un hombre en moto le advirtió que debía irse y entonces una noche en la completa clandestinidad ella, ‘Juan’ (su compañero) y sus dos hijos salieron del poblado hacía el exilio pensando en regresar en algún momento, pero no fue así y ahora se encuentran lejos de su tierra.
“Lo más duro del exilio ni siquiera es lo económico y cómo se van todos tus ahorros, sino estar lejos de la familia y el sismo que esto provoca en ellos”, comentó ‘Mario’, otro periodista que tuvo que exiliarse por las amenazas.
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Ninguna institución del Estado protege el ejercicio periodístico en Ecuador de manera efectiva, más allá de emitir documentos de protesta. Mientras tanto, desde la sociedad civil se crean mesas de protección para los periodistas.
De los nueve periodistas que tuvieron que salir del país, solo dos han podido regresar y continuar ejerciendo el oficio: Anderson Boscán y Mónica Velásquez del medio La Posta. Los otros siete periodistas viven en la clandestinidad, sobrellevando con ayuda internacional el exilio.
