Tras más de dos semanas de cautivero, el menor Lyan José Hortúa fue entregado a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo.
viernes, 23 de mayo de 2025
Tras más de dos semanas de cautivero, el menor Lyan José Hortúa fue entregado a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo.
Tras 18 días en cautiverio, se confirmó la liberación de Lyan José Hortúa, un niño de 11 años que fue secuestrado el pasado 3 de mayo en su propia vivienda en el municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca. El caso generó una fuerte conmoción nacional y movilizó a las autoridades locales, organismos humanitarios y defensores de derechos humanos.
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La confirmación de su liberación fue dada por la Defensoría del Pueblo, entidad que desplegó una comisión humanitaria para acompañar el proceso de entrega del menor, quien estuvo en poder de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Estas disidencias actúan en zonas rurales del suroccidente colombiano y son responsables de diversas acciones violentas.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, reaccionó al hecho e indicó: “Nos fue entregado a la Defensoría del Pueblo y también a la familia. Tiene un buen estado de salud, pero tendrá que ser llevado a chequeos médicos para garantizar que esté muy bien”, aseguró. El reencuentro con su familia se dio en un ambiente de profunda emoción y alivio.
Las primeras imágenes tras la liberación muestran a Lyan José sereno y en compañía de sus familiares, bajo custodia de las autoridades. Aunque no se evidencian signos visibles de maltrato, se considera esencial que reciba atención psicosocial para procesar la experiencia del secuestro, un hecho traumática para cualquier ser humano.
La Defensoría del Pueblo instó una vez más a los grupos armados ilegales a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a mantener a los menores de edad fuera del conflicto armado. “Que este caso sirva como una oportunidad para renovar el compromiso de respeto por la vida y la libertad, especialmente de niños y niñas, que no deben ser nunca blanco de acciones violentas”, subrayó Marín.
El caso de Lyan José evidenció las graves afectaciones que el conflicto armado interno sigue provocando en comunidades vulnerables. Su secuestro, ocurrido en una zona residencial de Jamundí, reavivó el temor entre los pobladores, quienes han denunciado presencia constante de grupos armados ilegales y acciones intimidatorias contra la población civil.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos exigieron durante estos 18 días una liberación inmediata y sin condiciones, al tiempo que pidieron al Gobierno reforzar la presencia institucional en zonas periféricas del Valle del Cauca. Para muchos, la captura de un niño en su casa refleja la ausencia de garantías básicas de seguridad en algunos municipios.
La ONU en Colombia, el CIRC (Comité Internacional de la Cruz Roja) y otras entidades se pronunciaron en su momento exigiendo su pronta liberación. El presidente Gustavo Petro en su cuenta de X también había hecho lo mismo, aunque su mensaje fue objeto de críticas.
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A raíz de este hecho, se espera que el Gobierno Nacional y las autoridades locales refuercen las estrategias de protección de la infancia en zonas vulnerables, así como los mecanismos de prevención del reclutamiento forzado y otras formas de violencia contra menores. Los expertos insisten en que las escuelas, viviendas y entornos familiares deben ser espacios protegidos.