La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria y la Defensoría del Pueblo rechazó públicamente las palabras del Ministro Benedetti, al considerarlas un ataque a la independencia judicial y un agravio contra las mujeres en la justicia. El ministro se disculpó en redes.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, generó una nueva oleada de críticas luego de referirse públicamente a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, con calificativos como “demente”, “loca” y “delincuente”. Las declaraciones se produjeron en medio de la controversia por un allanamiento a su residencia.
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El detonante fue el operativo de registro realizado el 11 de noviembre de 2025 en la vivienda del ministro ubicada en Puerto Colombia, Atlántico, por orden de Lombana, quien dirige la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y otros señalamientos.
Benedetti denunció que el allanamiento fue “un abuso de poder” y aseguró que la magistrada actuó “obsesionada” con él, indicando que la diligencia se desarrolló en su contra aún cuando, según su argumento, ya no era congresista y por tanto fuera del fuero de la Corte.
Las reacciones no se hicieron esperar: la entidad de derechos humanos Defensoría del Pueblo se sumó al rechazo de las descalificaciones de Benedetti, afirmando que sus declaraciones socavan la confianza en la administración de justicia e implican un posible episodio de violencia de género contra la togada.
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Benedetti por sus expresiones, que podrían configurar una falta gravísima al faltar al respeto a una magistrada y atentar contra la independencia judicial.
Luego de días de tensión, Benedetti publicó un mensaje en sus redes sociales admitiendo que se dejó llevar por la ira, pidiéndole disculpas públicas a Cristina Lombana. Sin embargo, advirtió que sus excusas no significan que dejará de denunciar lo que califica como extralimitaciones de poder contra él y su familia.
La Corte Suprema respondió con un comunicado en el que rechazó las descalificaciones del ministro y llamó a defender los mecanismos institucionales del debido proceso, señalando que ese tipo de lenguaje puede afectar gravemente la confianza ciudadana en la justicia.
Detrás de este conflicto mediático está el contexto de investigaciones que enfrenta Benedetti: la Corte lo tiene vinculado a al menos un juicio por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en su calidad de exsenador, lo que añade gravedad al cruce de declaraciones y motiva la fiscalización de su conducta.
Adicionalmente, la esposa del ministro, Adelina Guerrero, denunció haber recibido trato humillante durante el allanamiento, relatando que le retiraron el teléfono y la sometieron a presiones verbales. Esto alimentó aún más el discurso de victimización que promueve Benedetti para argumentar persecución.
En el ámbito político, la confrontación ha generado divisiones: sectores oficialistas defendieron al ministro, mientras partidos de oposición, togados y organismos civiles reclamaron sanciones y mayor prudencia. El choque pone en evidencia la tensión entre Poder Ejecutivo y Judicial en Colombia.
Más allá del conflicto puntual, expertos en derecho constitucional advierten que si un alto funcionario menosprecia públicamente a un magistrado, se erosiona el principio de independencia judicial y se puede afectar la legitimidad del proceso que lo involucra. La correlación entre lenguaje ofensivo y presión institucional es un riesgo latente.
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El episodio entre Benedetti y Lombana va más allá de una pelea personal: simboliza un momento crítico para la institucionalidad colombiana, donde la separación de poderes, el respeto mutuo y la dignidad de los operadores del sistema de justicia se vuelven temas esenciales para el Estado de Derecho.