Los habitantes de Los Cerezos, que no superan las 12 familias, pasaron de festejar las fiestas de fin de año, a pelear contra la arbitrariedad gubernamental.
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Los habitantes de Los Cerezos, que no superan las 12 familias, pasaron de festejar las fiestas de fin de año, a pelear contra la arbitrariedad gubernamental.
Bogotá vive el segundo pico de la pandemia del Covid-19, pero esto no parece importarle a las autoridades distritales, quienes en medio de este complejo panorama siguen haciendo desalojos de los más vulnerables, como por ejemplo en Los Cerezos.
Y es que en la vereda Los Cerezos, ubicada en los cerros orientales de la capital del país, viven al menos 12 familias, cuatro generaciones que llevan allí más de 50 años habitando terrenos que, a hoy, algunos se adjudican como propios y otros ya comienzan a pedir su parte.
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Como sucedió el pasado mes de mayo, cuando autoridades distritales desalojaron a los habitantes de Altos de la Estancia, con el ESMAD a bordo maltratando, rompiendo, disparando sin piedad, intimidando e hiriendo, así mismo quisieron hacerlo en Los Cerezos, donde sus habitantes terminaron de festejar las fiestas de fin de año y de inmediato comenzaron a batallar contra el distrito por sus casas.
El pasado 7 de enero al lugar llegaron varias entidades distritales, junto a la Fuerza Disponible y el ESMAD, y todo para sacar de allí a 12 familias que viven en el lugar. 12 familiar que llevan más de cinco décadas construyendo sus hogares, cuidando el río San Francisco y evitando que habitantes de calle y extranjeros (venezolanos), ocupen una zona considerada reserva forestal.
Han criado hijos y nietos, en medio del frío bogotano y viendo pasar la historia de la ciudad desde este “balcón” arriba del centro de la ciudad. Del grupo original pocos sobreviven, y las viviendas de los que han muerto han pasado a manos de sus hijos o en ausencia de estos, han sido demolidas por la misma comunidad.
Las peleas legales de los habitantes de la vereda Los Cerezos han sido extenuantes. Ya son treinta años de querellas, tutelas, y apelaciones, pero como suele pasar en este país, la justicia es para los pobres. Así que jueces desde un despacho emiten veredictos sin haber visitado alguna vez este paradisiaco lugar, ubicado en una zona estratégica para respirar aire puro.
Son múltiples las razones que aducen las autoridades para querer desalojarlos, entre ellas las mismas de otros desalojos. Riesgo de deslizamiento, invasión de predios, reserva natural, son de las razones conocidas y que contrastan con la situación del lugar. A lo ya conocido, también han aducido explotación animal y deforestación. Razones cada vez más inverosímiles que generan un ambiente enrarecido sobre las verdaderas intenciones del desalojo.
A las razones, poco creíbles, para desalojarlos, llegan las pocas ayudan que dan para reubicarlos. 250.000 pesos para pagar un arriendo por tres meses, sin soluciones reales de vivienda, tarjetas para comprar mercados y un sinfín de palabrería que al final resulta ser un paño de agua tibia para la verdadera situación de los habitantes.
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Niños, personas con discapacidad, caso Diana Fernanda, quien sufre del síndrome de Guillain-Barre, y adultos mayores ahora viven con zozobra y miedo porque en cualquier momento llegan nuevamente las autoridades a sacarlos de sus territorios, que por años han pasado de generación en generación y que han cuidado, pese al abandono del distrito y del supuesto dueño del terreno, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.