Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto

La emblemática Plaza de Bolívar, en Bogotá, fue uno de los principales escenarios escogidos este 9 de abril, Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, para honrar y dignificar a quienes han padecido directamente las consecuencias de la violencia política social que hace décadas se vive en el país. Según el reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU), más de 8.000 personas se congregaron en la Plaza para participar en las actividades de conmemoración.

Y para reconocer que dentro de esta población vulnerable hay quienes tienen incluso más obstáculos para reconstruir sus vidas y tienen un mayor grado de vulnerabilidad, el Gobierno del Cambio presentó en esta fecha el plan para acelerar la indemnización a las 106.337 víctimas con una o más de estas tres condiciones: tener 68 años cumplidos, alguna discapacidad o sufrir una enfermedad considera catastrófica.

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“Existe un rezago en la indemnización con esta población, que inclusive han tenido que presentar acciones de tutela. El Gobierno nacional ha tomado la decisión de priorizarlos a todos”, anunció Patricia Tobón, directora de la Unidad para las Víctimas. La meta es indemnizar antes de terminar el 2025 a todas las 106.337 personas que, a corte de 31 de diciembre de 2023, se encontraban con alguna de estas tres condiciones incluidos en la ruta priorizada. “Este mes entregaremos 32.000 de esas indemnizaciones”, agregó.

çTobón reconoció que son muchas las metas que la Unidad para las Víctimas tiene que cumplir. “Mostraremos con hechos, no con discursos, que avanzaremos en superar el rezago que tenemos con las víctimas del conflicto armado”, sostuvo y se mostró esperanzada en que en el Congreso de la República se dé la discusión sobre la reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y sobre las nuevas fuentes de financiación para responder al sentido reclamo de las víctimas.

“Hemos recuperado el Fondo de Reparación a las Víctimas (FRV), con el que salvaguardamos el patrimonio y las víctimas de Justicia y Paz no tengan que estar tantos años esperando”, dijo Tobón al mencionar los resultados de la auditoría forense de la Secretaría de Transparencia de la República, conocidos también este 9 de abril y que son el resultado de la solicitud que hizo la Unidad para que los entes de control y la secretaría de Transparencia entraran a inspeccionar las irregularidades encontradas.

Precisamente la vicepresidenta y ministra de la Igualdad y la Equidad, Francia Márquez Mina, reconoció en su intervención los desafíos que ha enfrentado la directora de la Unidad para las Víctimas para erradicar la corrupción. “Hemos encontrado cómo bienes que debieron colocarse en disposición de las víctimas han estado en manos de victimarios (…) Gracias por el esfuerzo por devolverle a las víctimas lo que realmente se merecen, esfuerzo que no ha culminado y que esperamos avanzar muchos más porque no es suficiente la tarea (…) porque la deuda del Estado con las víctimas es una deuda enorme que pasa por cambios estructurales”.

Márquez les hizo un llamado a quienes integran las mesas municipales departamental y nacional de víctimas: “Los he visto trabajando incansablemente, sin remuneración, pero con todo el compromiso. Los invito a cogernos de las manos a seguir trabajando juntos, pese a las dificultades, porque es así como podemos hacer que los dolores que han tenido que cargar en sus corazones se puedan transformar y lograr que otras familias, pueblos y comunidades no tengan que sufrir lo que Ustedes han vivido”.

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También durante el evento intervino el Director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien reafirmó su compromiso por trabajar por la población más vulnerable del país. “Todas las políticas públicas del gobierno están encaminadas a solucionar los problemas más urgentes que tienen Uds. Si hay un país en el que la gente ha sufrido por siglos, ese es Colombia”.

En nombre de las víctimas, en la Plaza de Bolívar intervinieron Gregoria Flórez Gamarra, víctima de desplazamiento forzado y violencia sexual, y Alix Beatriz Quiñonez Angulo, y José Gabriel Morales, también víctimas de desplazamiento forzado.

“Tenemos una unidad productiva con el que estamos recuperando técnicas ancestrales con las artesanías de filigrana. El 10% lo destinamos a labor social, no porque nos sobre sino por contribuir a que deje de existir esta guerra absurda. Donamos parque de diversiones para que los pelaos’ se enfoquen hacia el deporte y no se dejen sonsacar por los grupos armados al margen de la ley. Todos podemos ser agentes de cambio y de paz”, contó Flórez de su experiencia.

Y tanto Alix Quiñonez y como José Gabriel Morales pidieron garantías de no repetición para sus territorios, para que nadie más vuelva a vivir lo que ellos están sufriendo.