La jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Heredia, pasará a la historia en Colombia. Y todo porque decidió llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Luego de una audiencia judicial de dos días, inició el pasado 17 de mayo y se reanudó este viernes 24 de mayo, en la que escuchó los argumentos de la Fiscalía y la defensa, la funcionaria judicial encontró que existen razones suficientes para que el exsenador y líder natural del Centro Democrático sea juzgado por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal.
Han pasado varias décadas desde que un expresidente de Colombia ha asistido a un juicio penal desde el banquillo de los acusados. Y ahora, en la reciente historia de Colombia, Álvaro Uribe Vélez será quien tome ese asiento. Cabe mencionar que Uribe es uno de los políticos más influyentes y poderosos del país en las últimas décadas, tanto así que logró reformar la Constitución de 1991 para gobernar durante ocho años (2002-2010).
Aunque Jaime Granados, abogado defensor de Uribe, solicitó a la jueza que declarara la nulidad del proceso, que lleva cerca de cuatro años en la justicia ordinaria luego de que el exmandatario renunciara a su fuero como senador en 2020, prevalecieron los argumentos del fiscal Gilberto Villarreal, el primero de los cinco fiscales que decidió realizar una acusación formal. Si bien el juicio puede durar meses o incluso años, su inicio muestra hasta dónde puede cambiar la suerte de un líder.
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Pero este paso, uno de los más relevantes en la historia política del país por lo que significa Uribe, dio su andar por allá en el 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia decidió archivar una denuncia penal presentada cuatro años atrás por Álvaro Uribe, que en ese momento era Congresista, contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático.
Según la denuncia del expresidente, Cepeda había tratado de manipular testigos para mostrar una supuesta relación suya con grupos paramilitares. Los magistrados de la Corte, luego de evaluar la evidencia, concluyeron que no había soporte para dicha incriminación y que por el contrario, existían motivos para creer que el denunciante era quien había cometido delitos. Según los magistrados, por medio del abogado Diego Cadena, Uribe había ofrecido dádivas a exparamilitares para que estos acusaran a Cepeda de torcer testimonios.
En el año 2020 y en pleno confinamiento por la pandemia del Covid-19, y cuando Iván Duque, pupilo de Uribe, era presidente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la detención del entonces senador. Esto para impedir que entorpeciera la investigación en su contra.
Al conocerse la decisión, se desataron una oleada de reacciones de lado y lado en el país, especialmente por tratarse de la figura más representativa de la derecha en Colombia. Es de mencionar que en ese momento y por recomendación de sus abogados, Uribe dimitió a su curul, con la que perdió el fuero y su expediente pasó a manos de la Fiscalía.
La jugada hecha por el ahora exsenador era tener un trato benevolente ya que el ente acusador se encontraba liderado por Francisco Barbosa, amigo íntimo de Duque. El entonces fiscal designó la investigación a uno de sus subalternos, quien solicitó a la justicia que precluyera el proceso, señalando que o había suficientes pruebas para endilgarle algún delito al expresidente. Pero no tuvo éxito. El intento se volvió a repetir dos veces más, pero siempre fue negada la preclusión.
En enero de 2024 el caso recayó en el fiscal Gilberto Villarreal, quien tomó el camino de la acusación, la cual fue aceptada este viernes por la jueza Sandra Heredia.
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La diligencia se retomó el viernes 17 de mayo y la gran novedad fue que al escrito de acusación se le adicionó un delito más. Además de responsabilizar al expresidente Uribe de soborno en actuación penal y fraude procesal, Villarreal agregó el delito de soborno.
En su criterio, hay material suficiente para creer que el abogado Diego Cadena, siguiendo órdenes de Uribe, también llevó a cabo ofrecimientos para inculpar a los exfiscales generales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo de intentar relacionar a Santiago Uribe, hermano del exmandatario, con grupos paramilitares.
La incorporación de este tercer delito fue utilizada como argumento por Jaime Granados, defensor de Uribe, para solicitar la nulidad del proceso, alegando la violación del debido proceso. Debido a que se cumplían más de 10 horas de audiencia, la jueza Heredia decidió suspenderla por una semana.
Este viernes 24 de mayo, continuó la audiencia. En el interregno, el expresidente rompió su tregua con el presidente Gustavo Petro, por décadas su némesis político. Si bien el desenlace de ese choque está por verse, el de la audiencia no: fue desfavorable para el líder del Centro Democrático. La jueza rechazó de plano la solicitud de nulidad presentada por Granados, lo que le abre la puerta para que inicie el juicio. No obstante, el abogado lanzó su última bala al presentar un recurso de queja para que sea el Tribunal Superior de Bogotá, el eslabón jerárquico superior a la jueza, el que defina si proceden recursos contra la negativa a la solicitud de nulidad.
La jueza acreditó como víctimas a Montealegre, Perdomo, Iván Cepeda y Deyanira Gómez, esposa de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella del proceso. La defensa también apeló esta determinación. “Debidamente formulada la acusación en contra del señor Álvaro Uribe, quien a partir de este momento adquiere la condición de acusado, en este momento pasamos entonces a la etapa de descubrimiento probatorio”, afirmó Heredia. Ahora le corresponde la Fiscalía exponer las pruebas que quiere hacer valer durante el juicio. Después de años de incertidumbre, formalmente arranca el proceso judicial en contra de Uribe.
