El expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá responder ante la justicia argentina por su presunta vinculación en los llamados falsos positivos en Colombia. Tres organizaciones no gubernamentales y once víctimas, el Colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), fueron quienes presentaron ante el juez federal argentino Sebastián Ramos, amparados en la llamada jurisdicción universal, que permite investigar y juzgar a autores de crímenes en cualquier parte si en el país donde ocurrieron los hechos no se está investigando.
En el marco de ese principio de “justicia universal” y con el objetivo de que “los graves crímenes denunciados no queden sin castigo para todos los responsables”, el fiscal Carlos Stornelli, anunció una investigación contra el exmandatario Uribe Vélez, denunciado por crímenes de guerra y de lesa humanidad durante su gobierno en el marco de la llamada seguridad democrática.
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Según el dictamen dado a conocer, Stornelli sostuvo que “las eventuales responsabilidades serán deslindadas en el transcurso de la investigación. No obstante, corresponde señalar que en la denuncia se ha sindicado como presunto responsable a Álvaro Uribe Vélez, como expresidente de la República de Colombia y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de ese país”.
El fiscal Stornelli sostuvo que “será objeto de la investigación la determinación de la presunta responsabilidad penal del nombrado Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República de Colombia y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido que se cometieron en Colombia entre el 08 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, con saldo de 6112 casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que falsamente se habrían generalizado como caídos en combates en acciones guerrilleras contra el Ejército Colombiano, conocidos como “falsos positivos”; ello en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, dado en un contexto de conflicto armado”.
Los casos denunciados corresponden a los asesinatos de Luis Eduardo Oñate, Álvaro Adolfo Pina Londoño, Beyer Ignacio Pérez Hernández, Didier Eduardo Durant Badillo, y “el asesinato y desaparición forzada de otras siete víctimas que aún no pudieron ser identificadas, cuyas muertes acaecieron a manos de elementos de las Fuerzas Armadas en la República de Colombia, que presentaron los casos como bajas en combate”.
Tras una descripción de cada uno de los casos, el fiscal explicó que “la radicación de la denuncia ante los tribunales judiciales argentinos, para investigar y juzgar una presunta responsabilidad penal por hechos acaecidos en territorio de otro Estado, fue fundada en el principio de jurisdicción universal”.
“De acuerdo al referido principio de Jurisdicción Internacional, los crímenes contra el derecho de gentes pueden y deben ser investigados y juzgados aún fuera del lugar donde fueran cometidos, y aunque no medie punto contacto tampoco en razón de la nacionalidad de las víctimas o de los responsables, ni de ningún otro tipo con el Estado que asuma tal jurisdicción”, señaló el fiscal.
Y agregó: “Toda la comunidad internacional es competente para perseguir delitos contra la humanidad, y el Estado que ejerza la competencia lo hace en representación de aquélla”.
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En relación con la denuncia presentada ante la justicia argentina el expresidente Álvaro Uribe emitió un comunicado en días pasados en el cual detalló su actuar durante la época de los llamados “falsos positivos” y las medidas que tomó para que se descubrieran.
El expresidente Uribe Vélez recordó que un exfiscal confirmó que fue durante su gobierno que se pudieron investigar las ejecuciones extrajudiciales por primera vez en la historia del país, y sostuvo que durante su mandato ordenó que los guerrilleros dados de baja debían de ser tratados por Medicina Legal y no transportados por las Fuerzas Militares.
El exmandatario también recordó que en 2006 las bajas en batalla comenzaron a ser investigadas por la Fiscalía General de la Nación y no por la justicia militar, lo que permitió que las ejecuciones extrajudiciales se descubrieran.
Finalmente, Álvaro Uribe Vélez afirmó que este tipo de decisiones hicieron que lo criticaran durante gran parte de su mandato, pero que siempre las tomó buscando el bienestar de los colombianos.
